La Cámara de Apelaciones porteña ordenó la suspensión inmediata de todas las obras de remodelación y demolición en el estadio Luna Park, hasta que se dicte una resolución definitiva. El fallo protege al Monumento Histórico Nacional de posibles daños irreparables.
El proyecto de transformación impulsado para el mítico estadio Luna Park deberá esperar. La Cámara de Apelaciones porteña ordenó «la suspensión inmediata de todas las obras de remodelación y demolición» que iba a llevar a cabo la empresa DF Entertainment, a cargo de la explotación del lugar, «hasta que se dicte una resolución definitiva».
El fallo dictado horas atrás por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad significó un duro revés para la multinacional, que deberá esperar para modificar o suplantar al histórico estadio de Bouchard.
La Cámara dio lugar a los recursos presentados contra una sentencia de primera instancia que había rechazado una medida cautelar. Así, el tribunal revocó esa decisión y ordenó la paralización total de cualquier tipo de obra que se esté haciendo en el estadio. Por lo menos, la paralización durará hasta que se dicte una resolución definitiva.
Un histórico estadio que está cerrado desde hace más de un año: el último show fue el 29 de diciembre de 2024, con Abel Pintos y Luciano Pereyra. En las últimas horas, los jueces Hugo Zuleta, Gabriela Seijas y Horacio Corti dispusieron que existen elementos suficientes para presumir que el proyecto podría vulnerar las normativas vigentes, y frenaron la reestructuración.
Entre los puntos más sobresalientes, señalaron que la obra de reconstrucción afectaría a más del 20% de la superficie del inmueble, lo que activaría requisitos legales más estrictos. De hecho, el proyecto alteraría el volumen original del edificio, algo expresamente limitado. Además, hicieron hincapié en que, tratándose de un Monumento Histórico Nacional, cualquier intervención podría generar daños irreparables si se ejecuta antes de una evaluación judicial completa.
Por dichos argumentos, la Cámara de Apelaciones consideró acreditados los requisitos de «verosimilitud del derecho» y «peligro en la demora», y ordenó la suspensión total de las obras como medida cautelar. Nuevamente, ese lugar emblemático donde se escribieron páginas inolvidables del boxeo y diversos hechos artísticos queda resguardado por la Justicia, mientras se espera por una sentencia definitiva que determine si el proyecto puede avanzar o debe ser reformulado.
Todo comenzó cuando los últimos propietarios del lugar, la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco y Cáritas, representada por el Arzobispado de Buenos Aires, iniciaron un llamado a licitación para entregar en concesión la explotación del Luna Park. En ese proceso se presentaron 10 empresas. Y tras evaluar las ofertas, el Arzobispado se inclinó por la de DF Entertainment, quien se asoció con el gigante estadounidense Live Nation.
La intención de la Iglesia era dejar de cargar con la gestión del día a día del Luna Park. En el contrato de concesión, el estadio debía ser entregado a las empresas que iban a manejarlo en enero de 2025. El acuerdo fijaba un plazo inicial de 20 años, con la posibilidad de extenderlo por otros 20. En total, la concesión podría durar cuatro décadas. Además, trascendió que la inversión inicial a cargo de DF Entertainment sería de US$ 34 millones y el canon mínimo anual de US$ 1.000.000.
Desde entonces, el tironeo legal suma capítulos. Y el Luna Park está envuelto en polémicas, porque además está catalogado con «Nivel de Protección Estructural» por la Ciudad de Buenos Aires y es Monumento Histórico Nacional desde el 2007. Eso implica que las remodelaciones debían ser autorizadas por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.
En diciembre del año pasado, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez había presentado un recurso de amparo colectivo para frenar las obras impulsadas por DF Entertainment. Allí, Gil Domínguez advertía a través de un escrito que los trabajos que se iban a realizar eran inconstitucionales y pedía la nulidad: «La aplicación efectiva de la disposición generaría un hecho consumado y gravamen imposible de reparación a un bien cultural protegido». En paralelo, el abogado había pedido una medida cautelar.
Entre los puntos más polémicos está la demolición total del interior del estadio, que es incompatible con los principios de autenticidad e integridad patrimonial. Lo propio ocurre con la modificación de la fachada porque contradice las normas que exigen «la conservación de los elementos originales».