A través de un decreto, el Poder Ejecutivo delegó en varias jurisdicciones la administración y mantenimiento de tramos de rutas nacionales, permitiéndoles financiar las obras mediante el cobro de peaje.
El Poder Ejecutivo nacional habilitó a Córdoba y otras ocho provincias a concesionar tramos de rutas nacionales en sus respectivos territorios. Lo hizo a través del decreto 253/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
En los considerandos de la normativa, se sostiene que ‘varias jurisdicciones han manifestado interés en asumir la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos de rutas nacionales que atraviesan sus respectivos territorios, en el marco del fortalecimiento del régimen federal, solicitando que se las provea de herramientas adecuadas para gestionar el financiamiento de las actividades cuya asunción proponen a través del régimen de concesión de obra pública por peaje’.
El texto precisa que las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz ‘requirieron avanzar en esquemas de gestión temporal respecto de ciertos tramos de rutas nacionales’. Además, señala que la delegación podrá extenderse a otras jurisdicciones que así lo soliciten.
El artículo 1 del decreto aclara que las facultades delegadas se ejercerán ‘con carácter funcional, limitado, temporal y revocable, y no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados’.
Según el artículo 2, cada provincia, como Córdoba, deberá suscribir un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad donde se individualicen los tramos a gestionar. Este convenio deberá ser aprobado por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
El plazo de concesión no podrá exceder los 30 años. Cada provincia tiene un año desde la aprobación del convenio para formalizar el llamado a licitación, bajo pena de decaimiento de la delegación. Los fondos obtenidos del peaje no podrán destinarse a otras obras, incluso si están vinculadas, y los tramos no podrán licitarse conjuntamente en un mismo corredor vial con rutas de otra jurisdicción.