En una jornada de múltiples frentes, la administración de Javier Milei presentó un recurso para desbloquear la ley laboral, mientras su equipo económico avanza en conversaciones para un crédito internacional. Además, trascendieron detalles sobre pagos al jefe de Gabinete y un fallo judicial sobre Mauricio Novelli.
El Gobierno nacional presentó este miércoles un recurso de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando que se levante la suspensión de los principales artículos de la reforma laboral, dictada a pedido de la CGT. La presentación, realizada por la Secretaría de Trabajo con el patrocinio de la Procuración del Tesoro, argumenta que debería tener efecto suspensivo sobre la medida cautelar del juez Raúl Horacio Ojeda, que paralizó 82 artículos de la norma.
En el plano económico, el equipo del ministro Luis Caputo se encuentra negociando con el Banco Mundial un préstamo que rondaría los 2000 millones de dólares, según versiones circuladas en la reunión del FMI en Washington. A este monto se sumarían otros 2000 millones de la CAF y el BID. El desembolso final depende de la aprobación del directorio del Banco. Fuentes especulan que el crédito podría utilizarse como garantía para la emisión de un bono que permita recaudar entre 8.000 y 10.000 millones de dólares.
En otro orden, en la causa por dádivas que lleva el juez Ariel Lijo, se registraron transferencias por alrededor de 1,6 millones de pesos a favor del ahora jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizadas por la productora Imhouse de su amigo periodista Marcelo Grandio entre fines de 2022 y todo 2023. Los pagos se interrumpieron en diciembre de ese año, cuando Adorni asumió como funcionario. La productora celebró al menos tres contratos con la TV estatal durante el gobierno actual.
Por último, la Cámara Federal porteña confirmó el rechazo al pedido de Mauricio Novelli para ser querellante en la investigación por la presunta filtración del peritaje a su teléfono celular. Los camaristas consideraron que no cumple con los requisitos legales, ya que la pesquisa se circunscribe a delitos de acción pública y no se advierte un perjuicio directo para él.