La propuesta, impulsada por los propios jueces del máximo tribunal penal, plantea no cubrir cuatro vacantes y modificar la ley orgánica. El Ministerio de Justicia se mostró abierto a evaluar la iniciativa.
La Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte Suprema, podría reducir su composición de 13 a 9 miembros. La iniciativa fue propuesta por los actuales integrantes del tribunal al Gobierno, quienes se mostraron a favor de no cubrir las cuatro vacantes existentes y continuar funcionando con los nueve jueces en actividad.
La propuesta se discutió en una reunión el pasado 23 de marzo entre los jueces y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Según fuentes judiciales y gubernamentales, el ministro habría indicado que, si existía consenso interno en el tribunal, se podría avanzar con la idea. «En principio, el ministro está abierto a esa posibilidad; no está acá para nombrar jueces porque sí», afirmó una alta fuente del Ministerio de Justicia.
Desde el Gobierno se argumentó que la cantidad de jueces en cada tribunal no es uniforme y depende de la ley específica y la carga de trabajo. «Si un tribunal funciona bien y está siendo eficiente, ¿cuál es el apuro en nombrar jueces ahí? ¿Deberían nombrarse más jueces? ¿Es necesario? ¿Responde a una necesidad funcional o se trata de una necesidad política?».
Los jueces de Casación explicaron que, al funcionar en salas de tres magistrados, las vacantes se suplen con sorteos entre los miembros restantes, manteniendo la productividad. También señalaron que esta modalidad se asemeja al sistema previsto por el nuevo Código Procesal Penal acusatorio.
Para concretar la reducción, se requiere una reforma a la ley orgánica de la justicia nacional y federal. Se conoce que circulan al menos dos borradores de proyecto de ley, aunque su aprobación demandaría un amplio acuerdo político.
Un punto complejo es que el Consejo de la Magistratura ya realizó los concursos para cubrir las vacantes, y hay candidatos seleccionados esperando su designación. Entre los mejor posicionados se encuentran la jueza Gabriela López Iñiguez y el juez José Michilini.
Tras la reunión, el Gobierno y la Cámara de Casación emitieron un comunicado conjunto ratificando «su voluntad de seguir trabajando de manera coordinada para garantizar la seguridad jurídica, optimizar el funcionamiento de los tribunales federales y asegurar el pleno respeto al Estado de derecho».