Un fallo judicial acaba de poner un freno a uno de los capítulos más sensibles del escándalo político que envuelve a la hermana del presidente Javier Milei. La resolución prohíbe expresamente la difusión de las escuchas telefónicas que involucran a Karina Milei en el país. Por ese motivo, el periodista uruguayo Eduardo Preve había anunciado que planeaba emitir públicamente las grabaciones en su ciclo radial «La tapadita».
La controversia no es menor. Preve, de larga trayectoria en medios orientales, había adelantado que daría a conocer fragmentos de las conversaciones en su espacio audiovisual con el argumento de que existía un interés público superior. Según el periodista, el material permitía arrojar luz sobre eventuales vínculos políticos y financieros de la Casa Rosada que aún no habían sido revelados.
“En Argentina, ordenaron el cese de la difusión de los audios que involucran al gobierno de Milei en una presunta red de sobornos con medicamentos. Mañana te vamos a pasar los últimos audios en La Tapadita», anunció el reportero en X. Mensaje que fue compartido también a través de las redes sociales de la radio uruguaya M24.
Pero en posteos posteriores Preve aclaró que son audios que nunca fueron compartidos desde Uruguay sobre el caso de la hermana del presidente. Finalmente, en redes sociales, el periodista charrúa comentó: “Ahora, ¿censura? Por pedido del Gobierno argentino, la Justicia de ese país frenó la difusión de los audios de integrantes del Gabinete que profundizan el escándalo sobre presuntas coimas en la compra de medicamentos. El juez que prohibió en tiempo récord difundir los audios de Karina Milei tiene varias denuncias en el Consejo de la Magistratura, entre otras, por abuso sexual”.
El juez Maraniello enfrenta actualmente seis denuncias ante el Consejo de la Magistratura, una de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su propio juzgado; la notificación de los cargos se produjo la semana pasada y el magistrado dispone de 20 días para presentar su defensa escrita ante la Comisión de Disciplina, encabezada por el abogado César Grau.
La decisión judicial se extendió no solo a territorio nacional, sino también a cualquier medio de comunicación que intente reproducir o circular fragmentos de las escuchas. En otras palabras, el contenido quedó blindado por orden de la Justicia argentina, que reforzó la prohibición bajo amenaza de sanciones penales y civiles.
La medida generó de inmediato un debate en el ámbito periodístico y político. En Montevideo, donde Preve concentra su actividad profesional, el periodista sostuvo que respetará la resolución judicial, aunque no dudó en calificarla como un acto de censura previa. “Lo que se prohíbe aquí no es un delito, sino la posibilidad de que la sociedad conozca datos que deberían discutirse en público”, afirmó en declaraciones radiales.
Por ahora, el material seguirá bajo secreto judicial. Y el intento de La Tapadita de abrir esa caja negra quedó en suspenso, atrapado entre la promesa de transparencia periodística y la muralla legal levantada en defensa de la hermana del Presidente.