La Universidad de Buenos Aires le pidió a Javier Milei que no vete la ley de financiamiento universitario que aprobó la semana pasada el Congreso. Fue a través de una resolución unánime del Consejo Superior de la UBA, que también se expidió por la Ley Garrahan, sancionada en la misma sesión legislativa.
La toma de posición de la UBA ocurre luego de que el Presidente anticipara, en reiteradas oportunidades, que vetará la ley de financiamiento ya que, afirman desde el Gobierno, va contra el objetivo de superávit.
Por ello, las autoridades universitarias le reclamaron a Milei que cumpla con la «efectiva promulgación e implementación» de la ley. Y en caso de que avance con la anulación, las autoridades universitarias también le solicitaron a los diputados y senadores que insistan «en dicha aprobación y sostengan en el Congreso la sanción de la misma».
La resolución fue girada a Presidencia, el Congreso, el Ministerio de Capital Humano y otras áreas de educación, con firma del rector Ricardo Gelpi y el secretario general del Rectorado, Juan Alfonsín.
Las universidades fueron un sector opositor a Milei, con la convocatoria a marchas federales mientras desde el Gobierno lo vinculaban con el kirchnerismo y con el sector del radicalismo de Martín Lousteau y Emiliano Yacobiti. Incluso el Presidente vetó en 2024 una ley similar a la aprobada la semana pasada. «No haber contado con esa herramienta legislativa que garantizara un nivel presupuestario básico de funcionamiento ha generado los severos problemas que se han enumerado anteriormente y que es necesario resolver dicha situación de manera urgente», dijo.
La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y Nodocente tiene como objetivo «garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina».
Entre los reclamos se encuentra el llamado a paritarias porque, afirman, «a lo largo de todo el año 2025, la recomposición salarial ha sido menor que la inflación oficial medida por el INDEC». También detallaron que la UBA se declaró en emergencia presupuestaria en junio pasado y en emergencia salarial en marzo.
Por otro lado, el Consejo Superior de la UBA sacó otra resolución para pronunciarse sobre la situacioón del Hospital Garrahan y las Residencias Nacionales. Del mismo modo que hicieron con financiamiento universitario, le solicitaron «al señor Presidente de la Nación el no veto de la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud, procediendo a su efectiva promulgación e implementación».
AGE