La ley que estableció un aumento de 7,2% para las jubilaciones tiene los días contados. El veto que anunció el presidente Javier Milei no está en discusión, aunque el Gobierno pudo ganar algo de tiempo por una curiosa demora parlamentaria que le permite tomarse hasta los primeros días de agosto para buscar, mientras tanto, los votos que necesitará en el Congreso para sostener su decisión.
El paquete de leyes que incluye el incremento de los haberes, el restablecimiento de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad (más fondos para el área) fue aprobado por el Senado el 10 de julio, a contramano de los deseos de un oficialismo que mostró en esa sesión la pérdida de control sobre la agenda parlamentaria. Consecuencia directa de la disputa de Milei con los gobernadores por la distribución de recursos a las provincias.
Sin embargo, las tres leyes fueron comunicadas formalmente al Poder Ejecutivo el último lunes, 10 días después de su aprobación. En el Congreso dan versiones contrapuestas: algunos dicen que la demora fue por los trámites y la burocracia normal, y otros sospechan que fue deliberada, para darle tiempo a la Casa Rosada de ordenar una estrategia, según pudo recoger iProfesional.
De cualquier forma, la demora hizo que el plazo legal de diez días hábiles que tiene el Presidente para vetar una ley y que se cuenta desde el momento en que el Congreso la envía oficialmente al Ejecutivo se estire hasta el lunes 4 de agosto, tanto para el incremento jubilatorio como para las otras dos normas que aprobó la oposición en el Senado.
¿Cuándo puede vetar Javier Milei el aumento de las jubilaciones?: los cálculos del Gobierno
Así, en el transcurso de esta y de la próxima semana, Milei puede vetar el aumento jubilatorio en cualquier momento. No obstante, en el Gobierno deslizan que podría dejar correr los días. «No hay apuro, hay tiempo», señaló a iProfesional una fuente con despacho en Casa Rosada.
La decisión de vetar es inamovible. «El Presidente va a vetar todo», ratificó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el lunes durante una entrevista. El argumento que dio es que entre las tres leyes representarían un impacto fiscal del 1,4% del PBI y de 2,3% para el año próximo. «No tenemos recursos para pagarlos», afirmó el funcionario.
«Si hay algo en lo que el Presidente es insistente es en el superávit fiscal. No tenemos otra alternativa más que vetarlas», sentenció Francos. Con esto, el destino de la ley ya está marcado y la expectativa pasa por el momento que elegirá Milei para firmar y publicar el veto, sobre todo porque en el mientras tanto el oficialismo está obligado a buscar apoyo en el Congreso.
Ocurre que la oposición buscará insistir con la ley, para lo cual necesitan reunir una mayoría de dos tercios en cada Cámara. Al aprobarla, los diputados estuvieron cerca de alcanzar ese nivel (con 142 votos afirmativos sobre un total de 228 presentes) y los senadores lo sobrepasaron porque la aprobaron por unanimidad gracia a que los libertarios y un puñado de aliados se retiraron del recinto.
El Gobierno, en tanto, necesita un tercio más uno en cualquiera de las dos Cámaras para ratificar y dejar firme el veto. Con alcanzarlo en una es suficiente. En Diputados el número mágico es 87 y en el Senado 25, siempre que haya asistencia perfecta de todos los bloques. Al día de hoy el Gobierno no cuenta con ese apoyo y desde el Congreso se lo hacen saber.
Aliados incómodos y advertencias en el Congreso sobre el veto a las jubilaciones
El diputado Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Encuentro Federal y profundo conocedor de los mecanismos y la política del Congreso, advirtió esta semana que a Milei «le va a resultar difícil sostener el veto», al tiempo que pronosticó que «va a haber dos tercios» de la Cámara baja que apoyarán la insistencia con el aumento para las jubilaciones.
«La propuesta que hizo el Congreso es razonable», remarcó Pichetto frente a la crítica del Gobierno sobre el impacto fiscal. Para defender el aumento del 7,2% y de $40.000 pesos sobre el bono que hoy está en $70.000, el diputado subrayó en declaraciones radiales que los jubilados «vienen de una pérdida del poder adquisitivo muy significativa y han sido la víctima principal del ajuste».
A la advertencia se sumó también Oscar Zago, del bloque MID, quien estimó que «los votos no están, tanto en Diputados como en el Senado» para sostener el veto. Le recomendó al Gobierno «volver a sentarse a la mesa de discusión, buscar consensos y trabajar mucho si quiere bloquear el veto».
Más allá de que el escenario adverso para el oficialismo es real, el aviso es significativo por salir de un diputado que fue desplazado de La Libertad Avanza y su apoyo como aliado externo al oficialismo empezó a flaquear en el último tiempo. En el Gobierno saben que no es el único en esta condición y mirarán con atención al sector del PRO, que ya se dividió el día que se votó el proyecto.
De los 35 diputados que tiene el bloque encabezado por Cristian Ritondo, ocho se abstuvieron y facilitaron así la aprobación del aumento. Se trata nada menos que del sector que no forma parte del acuerdo electoral que selló Ritondo en la provincia de Buenos Aires con LLA. Entre esos legisladores, solo María Sotolano, que responde Jorge Macri, se anotó en una de las listas de candidatos.
Los otros siete mantuvieron en el último tiempo una posición equidistante del oficialismo. Entre ellos se destaca la figura de María Eugenia Vidal, quien en una reciente entrevista fue elusiva ante una pregunta sobre si el Gobierno debe vetar o no el aumento. «Yo creo que tiene que tomar una medida en relación a los jubilados y tiene cómo hacerlo, y creo que tiene que mandar el presupuesto para discutir en el Congreso», indicó, lejos de cualquier muestra de apoyo.
Un acuerdo entre Milei y los gobernadores, clave para la pulseada: qué harán los jefes provinciales
Esto encendió alarmas en la Casa Rosada, porque si no logran sostener el veto en la Cámara de Diputados mucho menos podrían conseguirlo en el Senado, donde el peronismo/kirchnerismo junto a unos pocos «díscolos» de la UCR y del PRO ya mostraron que pueden reunir una mayoría que le arruine cualquier plan al oficialismo.
Así, para blindar el veto, la Casa Rosada apunta a negociar y encontrar un acuerdo con los gobernadores, como contó iProfesional. Los 24 jefes provinciales reclaman la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que, según afirman, les corresponden a las provincias, pero el Ejecutivo se niega a repartir, y también de la recaudación por el impuesto a los combustibles (ICL).
Fuentes de la Rosada consultadas por iProfesional aseguran que «el diálogo con los gobernadores nunca se cerró». Sin embargo, en las provincias señalaron lo contrario en las últimas semanas. Hubo una reunión con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, pero no un acuerdo. Después de eso, los contactos se cortaron y se aceleró en el Senado la aprobación de las leyes que Milei quiere vetar.
El tiempo que corre hasta el 4 de agosto para Milei es el que utilizarán Francos -que empieza a tener algo más de peso en la mesa política- y su equipo para buscar un acuerdo con los gobernadores a fin de que vuelvan a jugar como aliados y les presten sus votos para blindar el veto. Los jefes territoriales llevan las de ganar, dado que junto con el aumento jubilatorio el Senado les dio media sanción a dos proyectos para obligar por ley al Gobierno a repartir los fondos que reclaman.
Con eso, los gobernadores esperan tranquilos a que los llamen de Casa Rosada. Tras la aprobación del Senado no les resultaría difícil aprobar esos dos proyectos en Diputados una vez que termine el receso de invierno. Sin embargo, el plan del Gobierno de reencauzar la negociación viene lento, según dejan saber en las provincias.
«No hubo contactos todavía. Puede haber diálogo por otros temas, pero por el veto y los dos proyectos todavía no hubo nada», aseguraron a iProfesional cerca de uno de los gobernadores más predispuestos a dialogar.
Esa negociación será la llave para que Javier Milei pueda sostener el veto al aumento de las jubilaciones. La demora en la comunicación del Congreso le abrió una ventana de tiempo hasta el 4 de agosto para encontrar un acuerdo antes de firmar el rechazo a las leyes y esquivar así una nueva derrota parlamentaria. La oposición y los gobernadores saben que el paso de los días presiona al Gobierno.