Mientras la Cámara Federal porteña ordenó definir la situación procesal de todos los acusados en caso de los seguros, el juez Sebastián ya había convocado al expresidente Alberto Fernández para ampliar su indagatoria por corrupción. Pero el plazo es exiguo: lo citó para este viernes 4 de julio a las 10. La medida se firmó después de que hace dos días, se presentara espontáneamente ante el juzgado, señalando que quiere ampliar su indagatoria.
Este jueves, la Cámara Federal -con un voto mayoritario- había ordenado anular las inhibiciones generales de bienes dictadas en la causa por presuntos hechos de corrupción alrededor de los contratos firmados con Nación Seguros SA. La medida cautelar regía sobre Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa, María Cantero y los demás imputados. Además, los magistrados pidieron que con premura el juez Sebastián Casanello resuelva la situación procesal de los investigados. Todos fueron indagados y resta saber si serán procesados o no.
El 9 de abril pasado, el juez Casanello resolvió volver a inhibir los bienes de Alberto Fernández y de los brokers que intervinieron en la presunta maniobra defraudatoria alrededor de los contratos que organismos del Estado firmaron con Nación Seguros, por los que se pagaron más de 3.000 millones de pesos en concepto de comisiones.
Entre ellos, el amigo del ex presidente, Héctor Martínez Sosa y su esposa y ex secretaria privada de Fernández, María Cantero.
La medida fue apelada y la Sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico, resolvieron -con el voto mayoritario de los dos primeros magistrados-, anular la resolución que dictaba la medida cautelar.
En la misma resolución, la Cámara pidió a Casanello que “se emita con la mayor premura al alcance un pronunciamiento sobre la situación procesal de los indagados”.
Previo a esta resolución, Alberto Fernández se presentó de forma espontánea en Comodoro Py y manifestó ante el juzgado a cargo de Casanello que quiere ampliar su indagatoria. Cuando se presentó ante el juez Julián Ercolini lo hizo sin responder preguntas y buscando recusar al magistrado.
La acusación a Alberto Fernández
En este expediente, que instruyó desde un comienzo el juez Julián Ercolini, el ex Jefe de Estado está imputado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y de llevar adelante negociaciones incompatibles con la función pública.
Un cuestionado decreto firmado por Fernández, 45 contratos, 25 intermediarios de Seguros, comisiones millonarias, una cooperativa que funcionó como financiera y un posible direccionamiento de los contratos son parte de las piezas que componen lo que la justicia denominó una “estructura criminal” para desviar fondos públicos a privados.
Un total de 40 personas fueron indagadas en el marco de esta causa, tras haber sido imputados por “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros”.
Los brokers de seguros, sostiene la causa,“con la connivencia de Alberto Fernández, habrían operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros; como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”.
Aunque todos fueron indagados por Ercolini, no hubo una decisión aún por parte del juez Casanello, que asumió frente a la investigación a comienzos de año. Repentinamente, ahora citó a Fernández para este viernes.
Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, en esta etapa se siguen realizando medidas de prueba que complementan lo ya realizado. Esto incluye un análisis de comunicaciones del teléfono de Alberto Fernández y posibles conversaciones con Héctor Martínez Sosa, María Cantero, bajo la búsqueda de palabras clave.
Pedido de celeridad al juez
Casanello entendió que por la gravedad de los hechos bajo investigación y las posibles sumas de dinero comprometidas, era necesario volver a inhibir los bienes de Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa, María Cantero, Alberto Pagliano, Pablo Torres García, Oscar Castello, Ernesto Mercuri, entre otros, incluyendo a las compañías que intervinieron como brokers de seguros.
En aquella resolución había determinado que deberán embargarse todas las cuentas corrientes y cajas de ahorro de las personas físicas involucradas (no así de las personas jurídicas), “afectándose sólo un 20% de los fondos de las cuentas sueldo y sin embargarse los fondos correspondientes a haberes jubilatorios”.
Por otro lado, se había ordenado el embargo de los plazos fijos y demás inversiones, «tanto de las personas físicas como jurídicas previamente mencionadas”. Todo fue discutido por las defensas.
Los camaristas Irurzun y Farah pusieron otro aspecto en discusión: “a casi una año de revocada la anterior inhibición general que se había ordenado, la nueva imposición de idéntica cautelar obligaba fundar adecuadamente cuáles eran los motivos de urgencia que la habilitaban previo al dictado de un auto de mérito –o de otras medidas alternativas- cuya definición está pendiente hace varios meses”.
De esta manera, se refirieron así a la falta de definición por parte de Casanello sobre la situación procesal de los acusados.
El amigo presidencial
Para la justicia federal hubo un “direccionamiento indebido: las empresas y productores afines a Martínez Sosa, Castellón y Torres García pasaron a percibir más del 87% del monto abonado por Nación Seguros por las comisiones de las pólizas emitidas durante el período en que se habría desarrollado la maniobra”.
Sobre broker amigo del ex presidente, Ercolini escribió: “que a Martínez Sosa lo uniría una íntima y añeja amistad con Fernández, además de su relación con la secretaria presidencial Cantero, y habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes”.
En lo que refiere a Castello, el juzgado advirtió “aportes económicos para la campaña presidencial de Alberto Fernández, provenientes de su firma Castello Mercuri S.A.
El juez también afirma que Torres García y Martínez Sosa, junto a Castello, “habrían ejercido su influencia sobre Alberto Pagliano (presidente de Nación Seguros) en los negocios de la aseguradora. Por su parte, Fernández y Pagliano compartirían experticia en materia de seguros, por haberse desempeñado previamente en ese rubro”.
Héctor Horacio Martínez Sosa, dijo el magistrado, “aparece vinculado a los siguientes intermediarios, con un total de 2.297.820.134,36 pesos o 68,3% del universo de comisiones de la maniobra (equivalentes a su vez al 59,6% liquidados por Nación Seguros a todos los intermediarios por todas las pólizas emitidas a entes estatales entre el 10 de diciembre de 2019 y el 09 de diciembre de 2023.