El ministro de Defensa acaba de confirmar que, bajo el argumento de combatir el narcotráfico en la frontera norte, el gobierno de Javier Milei está capacitando y equipando a las Fuerzas Armadas para intervenir en tareas de seguridad interior, allanando el camino para su uso contra la protesta social.
La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, incluyendo detenciones de civiles en flagrancia, viola las leyes llamadas de la democracia conquistadas por años de movilización de un amplio sector de la sociedad, luego de la última dictadura militar.
El 14 de abril, Petri activó formalmente la Operación Roca, que implica el despliegue de militares en las fronteras norte y noreste hasta diciembre de 2025. La medida, coordinada con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador salteño Gustavo Sáenz, busca reforzar el control en zonas como los departamentos San Martín y Rivadavia y les permite que detengan civiles en forma transitoria a quienes cometan delitos en flagrancia, entre otras medidas.
Con la excusa de combatir el narcotráfico y el crimen organizado, el gobierno nacional, en alianza con la provincia de Salta, profundiza la militarización de las fronteras mediante el «Plan Güemes», ahora reforzado con la «Operación Presidente Julio Argentino Roca», que incorpora al Ejército en tareas de seguridad interna.
Sin embargo, el verdadero blanco no son los grandes narcos, sino los trabajadores precarizados que cruzan la frontera para subsistir. El primer tramo del Plan Güemes, lanzado en diciembre de 2024, ya dejó un saldo trágico: el asesinato de Fernando Gómez, un bagayero de 27 años, baleado por Gendarmería en Orán durante un operativo. A pesar de que cinco gendarmes fueron imputados, siguen en libertad, y la jueza federal Ivana Hernández encuadró el caso como «homicidio en riña», en lugar de investigarlo como un crimen de lesa humanidad.
El gobierno de Javier Milei ha dado un paso alarmante al autorizar a las Fuerzas Armadas a detener civiles en la frontera norte bajo las llamadas «reglas de empeñamiento», una medida que, aunque se presenta como una estrategia contra el narcotráfico, enciende las alertas sobre un uso represivo contra la población.
Órdenes reservadas y armas cargadas: ¿Seguridad o amenaza?
Según documentos a los que accedió Clarín, el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, emitió instrucciones secretas que permiten a los militares:
Aunque el gobierno insiste en que estas reglas están alineadas con el Código Penal, estas nuevas normas chocan con la leyes vigentes. particularmente con la Ley de Seguridad Interior, y la de Defensa que limita el rol castrense a situaciones excepcionales, como las amenazas estatal externas. Así lo plantea la Ley de Defensa, en su artículo 2, a partir de un decreto reglamentado en el año 2006.
Operativo Roca
Este operativo, que implicará el despliegue de 10.000 soldados -el 25% del Ejército en condiciones operativas-, cuenta con el respaldo de un decreto presidencial que, sin embargo, no es suficiente para modificar el texto de una ley, ya que en realidad se trata de una resolución ministerial muy opaca.
Petri justificó la autorización para que los militares detengan civiles bajo el argumento de que «todos los códigos procesales lo permiten». Sin embargo, oculta tres detalles clave:
Las «reglas de empeñamiento» son secretas, por lo que no hay control sobre los protocolos de uso de la fuerza.
El decreto 1112/2024 fue firmado por Javier Milei sin debate parlamentario. Los efectivos se desplegarán en poblaciones del interior, no solo en pasos fronterizos, ampliando su radio de acción.
Ante las voces que se alzaron contra esta resolución, Petri lo justificó diciendo que «es controversial para quienes defienden narcos y delincuentes». Pero la historia argentina enseña que cuando los militares asumen funciones policiales, termina en represiones brutales contra el pueblo trabajador y sectores populares, o en genocidio como fue la última dictadura militar.
La nueva fase del plan despliega efectivos militares en el departamento San Martín (Tartagal, Salvador Mazza, Aguaray), una zona con fuerte presencia de comunidades originarias. La decisión, formalizada mediante la Resolución 347/2025, autoriza a las Fuerzas Armadas a operar hasta diciembre de 2025, pese a que la ley les prohíbe participar en conflictos internos.
En países como Colombia, México o Ecuador, la intervención militar en seguridad interna para, supuestamente, combatir el narcotráfico ha demostrado que es un fracaso completo. Entre otros motivos, porque estas fuerzas forman parte de estas bandas criminales, que, lejos de combatirlas, las robustecen.
Desde la izquierda, la candidata a concejal Daniela Planes, por el PTS en el Frente de Izquierda, sostuvo que es grave la resolución y agregó que “el gobernador Gustavo Sáenz y Bullrich quieren disfrazar con el plan Güemes la lucha contra el narcotráfico, pero es un plan represivo y racista”. Agregó, además, que las consecuencias de esto se encuentran en el asesinato de Fernando Gómez. “Ahora autorizan a militares a detener civiles. Hay que repudiarlo y enfrentarlo. Nos quieren hacer creer que con Gendarmería, Policía Federal y la Policía de Salta pueden combatir el narcotráfico y las redes de trata. Cuando en verdad todo el pueblo sabe que el Estado es cómplice”.
Grave. El gobernador @GustavoSaenzOK y Bullrich quieren disfrazar con el plan Güemes la lucha contra el narcotrafico pero es un plan REPRESIVO y RACISTA. La consecuencia el asesinato de Fernando Gómez. Ahora autorizan a militares a detener civiles. 🧵 https://t.co/qo1frkNNco
— Daniela PlanesS (@DaniPlanesS) April 28, 2025
Operación Roca: Un caballo de Troya
El plan implica movilizar 10.000 efectivos (25% del Ejército) con estas características alarmantes:
Armamento en «nivel 3» (cargado y sin seguro) en situaciones de «potencial peligro».
Facultades para «disparos de neutralización», un eufemismo que podría encubrir ejecuciones extrajudiciales.
Coordinación con Paraguay, lo que internacionaliza la militarización bajo pretextos de «seguridad».
El gobierno insiste en que solo actuarán ante «flagrancia», pero: ¿quién define qué es un delito «en flagrancia» en medio de un operativo militar?
¿Cómo se garantizarán derechos ante detenciones castrenses sin intervención judicial previa?
La respuesta parece clara: se prepara un dispositivo para criminalizar la pobreza (migrantes, campesinos, comunidades originarias) y sentar precedentes para usar al Ejército en protestas sociales para avanzar en las reformas a las leyes de Seguridad interior y Defensa, que toda la derecha busca, como se vio bajo el gobierno de Macri, y que no pudieron avanzar porque un amplio sector de la sociedad se opone activamente a que los militares tengan ingerencia interna.
La frontera es la excusa
Milei y Petri mienten cuando hablan de «control fronterizo» para la lucha contra el narcotráfico. Lo que están construyendo es un aparato para la represión masiva, usando, junto a las indicaciones de Estados Unidos, el discurso del «enemigo interno» (narcos, terroristas, mapuches).
Intentan mostrar que el Ejército puede ser la solución al narcotráfico y las redes de trata. Pero la realidad es otra, son los mismos uniformados los que forman parte de estas mafias, mientras jueces y funcionarios actúan como cómplices, encubriendo a los verdaderos capos que después financian a los partidos del régimen y a los políticos tradicionales.