No es novedoso que las pymes cuestionen la política industrial de Javier Milei y manifiesten su desacuerdo con la denominada Ley Bases y Principios, particularmente en su capítulo RIGI, fuertemente discriminatorio a favor de los capitales transnacionales y en contra de la industria nacional. Pero lo nuevo es que más de cincuenta entidades pyme hayan logrado coordinar una acción conjunta para presentar colectivamente su postura ante el Senado y luego presentar, en conferencia de prensa, sus conclusiones con respecto a un proyecto de ley que consideran perjudicial para la población y que daña de muerte al mercado interno.
Dirigentes del Movimiento Productivo 25 de Mayo (MP25M), Asamblea Pymes (Apyme), Frente Productivo Nacional y Frente Coordinador Pyme, junto a representantes de la Federación de Cooperativas Unidas (Fecuta) y la Mesa Federal de profesionales de Ciencia y Tecnología, encabezaron la presentación, junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, que respaldó la convocatoria y dio el discurso de cierre.
En las butacas del Auditorio de Apsee (asociación del personal superior de empresas de energía) se repartieron varios de los dirigentes de las demás entidades participantes. Entre ellos, Daniel Rosato (IPA), Guillermo Moretti (FISFe), Marco Meloni (ProTejer), Bruno Capra (IESO), Federico Hernáez (CGE metropolitana), Guillermo Gómez Galizia (Cadime), Carlos Norryh (Pymes Sur), Gabriel Muñiz (Unión Industrial de Moreno) y Julián Moreno.
El tono del documento que presentaron marcó la línea de las exposiciones posteriores. Un cuadro de situación de profunda crisis, cierre de comercios (panaderías y metalúrgicas, por caso) ante la imposibilidad de hacer frente al aumento de los servicios energéticos, por un lado, y la caída de la demanda, por el otro. «Yo lo estoy viendo en mi zona, San Martín, la capital de la industria metalmecánica, cómo estos sectores electro y gas-dependientes, afrontan aumentos de hasta el 400 o 500 por ciento en sus costos energéticos, y una caída en la demanda que con la actual política de ingresos, con el ingreso de la población en permanente retroceso, no da señales de que vaya a revertirse», opinó uno de los empresarios presentes.
No es distinto el panorama para empresarios del sector textil, o de insumos para la construcción, que también dieron testimonio. Todos, en definitiva, concluyeron que el proyecto que ahora trata el Senado de ser votado profundizará la crisis, al eliminar o reducir la incidencia de organismos públicos que respaldan el accionar pyme, extender el control y condiciones tarifarias de los servicios públicos a favor de corporaciones que privilegian el lucro financiero por sobre la mejora de la prestación; reformar la legislación laboral a favor de grandes empresas y en contra de los trabajadores y, a través de éstos, también en contra de las mipymes al reducir la capacidad de compra de los consumidores.
Y, además, «establece un régimen de incentivos a las grandes inversiones con ventajas arancelarias e impositivas que habilitan el lavado de capitales provenientes del narcotráfico u otros orígenes ilegales».
Katopodis, al intervenir, advirtió que «lo que se discute en esta ley es el futuro de todos los argentinos, un futuro que van a defender las pymes y los industriales; porque no se trata de gritar y de llorar en las bancas del Congreso, como hacen algunos, sino de estar cada uno, cada senador, en el lugar que le corresponda y asumir la responsabilidad, rendir cuentas y explicar por qué votarían a favor del capital extranjero reducirle el impuesto a las ganancias, eliminarle retenciones, que expliquen por qué le darían a grupos transnacionales la explotación de nuestros recursos naturales para que exporten sin limitaciones, y qué país se imaginan cuando se lleven del país toda la producción de petróleo y de gas».
El ex intendente de San Martín y actual ministro en el gabinete de Axel Kicillof confió en que cientos de empresarios pymes y trabajadores industriales puedan explicarle a la población qué significan estas leyes, «que buscan lograr, de la mano de grandes empresas, que entren algunos dólares (en los primeros dos años), pero que cuando los sacan, salen muchos más de los que entraron».
Previo al encuentro en Apsee, los dirigentes pymes se manifestaron frente al Congreso de la Nación para entregar en el Senado, por escrito, el pedido de rechazo a la Ley Bases. Obtuvieron una respuesta inicial que no esperaban: los convocaron para exponer este jueves, ante las comisiones, su posición, dentro de la agenda de invitados que están pasando por la Cámara Alta.
Al regresar al lugar de la conferencia de prensa, la invitación fue celebrada por los dirigentes pymes al frente del cónclave. «Nos llamó poderosamente la atención la respuesta y lo valoramos. Es un paso más que estamos dando para voltear la ley», se entusiasmaron.