Límite a las regulaciones y al rol de las provincias: la advertencia por las implicancias ambientales del RIGI

Esta semana, el Senado retomará en comisión el debate de la Ley Bases y el oficialismo se ilusiona con tener un dictamen para acelerar los tiempos y poder tratarlo en el recinto cuanto antes. Sin embargo, hay puntos conflictivos que traban su avance y que anticipan que la iniciativa volvería a Diputados. Uno de ellos es el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

El RIGI es la gran apuesta del Gobierno para atraer inversiones mayores a 200 millones de dólares. Fondos frescos que la Argentina necesita y no tiene. Promete, si se aprueba la iniciativa como está, grandes beneficios que van desde estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria durante 30 años a la libre disponibilidad de las divisas que se obtengan de la exportación a partir del tercer año. También el beneficio de importar insumos con arancel cero y la posibilidad de acudir directamente al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) para resolver una controversia, evitando así a la justicia nacional.

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En el primer borrador de la Ley Bases se incluía explícitamente que el RIGI apuntaba a beneficiar siete sectores: agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo, energía y tecnología. Esto se quitó en el debate, sin embargo, especialistas consultados por TN coinciden en que este incentivo responde centralmente a la explotación de recursos naturales de la Argentina. Y en que, en muchos casos, una fuerte desrregulación en términos económicos y jurídicos podría ser perjudicial para el desarrollo del país y su capacidad de control.

“La crítica más macro es que promueve a un sector extractivo, industrias extractivas, que no dejan grandes ganancias”, sintetizó a TN Victoria Arias Mahiques, abogada especialista en Derecho Ambiental y coordinadora del área de Recursos Naturales de Fundar. “Es fantástico estimular la inversión, pero no pedís nada a cambio”, agregó.

Para Mahiques, uno de los mayores problemas es la estabilidad tributaria a 30 años, que impedirá a la Argentina hacer ajustes ante una revalorización del recurso que se extraiga, como ocurrió con el litio ante el boom de las energías renovables. “Es un beneficio muy extenso y que no está probado que funcione. Deja un poco atado de manos al Estado ante la imposibilidad de cobrar por los ciclos de precios extraordinarios. Hay una oportunidad perdida, sobre todo en el marco de la transición energética con el litio y el cobre”.

La experta marcó dos puntos más que despertaron preocupación. Por un lado, el artículo 219 que plantea que si hay una disputa entre las partes y no se resuelve en 60 días de corrido “de manera amistosa” la empresa inversora puede recurrir directamente a tribunales internacionales, salteando a la justicia local. Por otro lado, el artículo 162 que cataloga a las inversiones del RIGI como “de interés nacional” y, por lo tanto “cualquier norma o vía de hecho, nacional o local, por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente Título, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia federal deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación”.

Para Mahiques “esto le quita autonomía a las provincias de aplicar normas vinculadas a los derechos humanos o ambientales. Si una provincia dictase una ley vinculada a una ley sobre el uso del agua o protegiera una zona, el RIGI le da facultades al poder ejecutivo de judicializar la situación en beneficio del inversor”.

En este punto coincidió Ariel Slipak, economista y Coordinador del área de investigación de FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales).

“Se ve un entramado de artículos que atenta contra los derechos ambientales. El RIGI tiene una lógica en donde lo ambiental, lo fiscal, los derechos humanos parecen ser costos o estorbos. Se ve un espíritu en donde se debe competir con otros países por flexibilizar las normas ambientales hacia abajo”.

En esta misma línea, el experto aseguró: “Se sigue un espíritu de hacer lo que sea necesario por el inversor. Y eso es sumamente inequitativo. La posición de los itnereses del inversor por sobre derechos humanos”.

Otro punto que señaló como problemático Slipak son las facilidades para importar cualquier tipo de insumo que necesite la operación, dejando de lado el incentivo de compra o contratación nacional. “La apertura de importaciones que promueve el RIGI va a implicar a nivel global mayores emisiones de gases efecto invernadero por el transporte de los artículos”.