La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito habilitó la aplicación de la normativa estatal, aunque no se pronunció sobre su constitucionalidad.
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Texas autorizó que el estado avance con la aplicación de la ley SB 4, que permite a las autoridades texanas detener y procesar a personas sospechosas de haber ingresado de manera ilegal desde México. El fallo no resuelve de manera definitiva si la ley es constitucional.
La ley SB 4 fue firmada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en diciembre de 2023, como parte de una estrategia estatal para endurecer la respuesta frente a la migración irregular en la frontera sur. Según Reuters, esta normativa convierte en delito estatal el ingreso o reingreso ilegal a Texas desde un país extranjero cuando se realiza fuera de los puertos oficiales de entrada.
En términos prácticos, una persona sospechosa de haber cruzado la frontera sin autorización puede ser arrestada por autoridades estatales y no únicamente por agentes federales de inmigración. Además, la legislación habilita a jueces estatales a ordenar que el migrante regrese al país desde el cual intentó ingresar, y contempla penas de prisión de hasta 20 años para quienes no cumplan con esa orden judicial.
Desde su aprobación, la ley fue cuestionada por organizaciones de defensa de migrantes como Las Americas Immigrant Advocacy Center y American Gateways, además del condado de El Paso. La administración Biden también había demandado para frenar la norma, pero el gobierno de Donald Trump retiró ese litigio al asumir en 2025.
Las entidades civiles sostuvieron que Texas invadía competencias que pertenecen exclusivamente al gobierno federal. El argumento principal fue que la política migratoria y la deportación de extranjeros son atribuciones reservadas a Washington a través de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y que un estado no debería poder crear su propio sistema paralelo de control migratorio.
En febrero de 2024, un juez federal emitió una medida cautelar preliminar que frenó temporalmente la entrada en vigor de la SB 4. Luego, el caso llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que por un breve período permitió que la norma se aplicara, aunque poco después el propio Quinto Circuito volvió a suspenderla mientras analizaba el fondo del litigio.
En julio de 2025, un panel de tres jueces del mismo tribunal ratificó ese bloqueo y consideró que la ley podía interferir con la capacidad del gobierno federal para aplicar las leyes migratorias nacionales. Sin embargo, la situación cambió con la revisión del caso por parte del pleno de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, uno de los tribunales federales de Estados Unidos. En una votación de diez a siete, los magistrados revocaron la orden que impedía la aplicación de la normativa y habilitaron nuevamente su ejecución.
El punto central del fallo no fue una validación definitiva del contenido de la ley, sino una cuestión procesal: la mayoría concluyó que los demandantes no tenían “standing”, es decir, legitimación activa suficiente para impugnarla ante la justicia federal. Según el fallo judicial, los jueces entendieron que las organizaciones no podían construir artificialmente un daño legal simplemente por haber decidido destinar más recursos a asistir a migrantes afectados por la norma.
La mayoría sostuvo que esos costos fueron asumidos de manera voluntaria y que eso no alcanza para abrir la puerta de los tribunales federales. El juez Jerry Smith, autor de la opinión principal, sostuvo que cuando los demandantes “reformulan un reclamo general como si fuera un perjuicio concreto”, los tribunales deben actuar con cautela. La sentencia remarca que no toda oposición a una política pública genera automáticamente derecho a demandar.
También fueron rechazados los planteos del condado de El Paso, que había advertido sobre mayores costos carcelarios y una eventual pérdida de confianza pública. Para la mayoría, esos efectos eran demasiado especulativos o no constituían un daño reconocible bajo el Artículo III de la Constitución.
Un aspecto clave es que el tribunal no decidió si la ley SB 4 viola o no la supremacía federal en materia migratoria. Al concluir que los demandantes no tenían legitimación, la Corte evitó pronunciarse sobre el fondo constitucional del conflicto. Esto significa que sigue abierta la discusión jurídica sobre si un estado puede o no diseñar su propio régimen migratorio paralelo al federal.