La reciente Ley 27.802 crea el Régimen de Incentivos para Pequeñas Inversiones (RIMI), que ofrece beneficios impositivos a PyMEs del campo, con amortización acelerada y devolución de capital de trabajo.
Tras un cierre de año con expectativas de reformas laborales que finalmente quedaron judicializadas o postergadas, el panorama tributario para el sector agropecuario sigue siendo complejo. Sin embargo, la sanción de la Ley 27.802 introduce el RIMI (Régimen de Incentivos para Pequeñas Inversiones), una herramienta diseñada para PyMEs que funciona como un espejo del RIGI, pero con exigencias de montos menores durante sus primeros dos años desde la habilitación del régimen con las reglamentaciones de ARCA.
Uno de los puntos más atractivos del RIMI es que, para ciertos bienes estratégicos, no se requiere superar un umbral mínimo de inversión. El beneficio de amortización acelerada en el mismo ejercicio de afectación (carga directa a resultados) aplica para sistemas de riego agrícola, eficiencia energética (bienes para generación o almacenamiento de electricidad de fuentes renovables), protección de cultivos (mallas antigranizo) y genética (semovientes de pedigree o puros por cruza).
Esta medida impacta directamente en el flujo de fondos: al reducir la carga fiscal de forma adelantada, se devuelve al contribuyente un capital de trabajo equivalente al 30% de la inversión realizada. Para la adquisición de bienes de capital como tractores, cosechadoras o sembradoras nuevas, el régimen establece montos mínimos según la categoría de la empresa calificada por ARCA: Mediana Tramo I (U$S 3,5 millones) y Mediana Tramo II (U$S 9 millones). En estos casos, la amortización se reduce a solo dos períodos fiscales, frente a los diez años habituales.
También se contemplan obras de construcciones civiles afectadas a la actividad, con una vida útil considerada del 60% del total de años previstos (generalmente 50 años), lo que reduce las cuotas a 30 anuales. Quedan excluidos del régimen los condenados, declarados en quiebra o con deudas fiscales firmes. La caducidad de los beneficios ocurre si los bienes dejan de integrar el patrimonio dentro de los dos años de afectación, salvo casos de venta y reemplazo, destrucción por caso fortuito o fuerza mayor, o si ha transcurrido un tercio de la vida útil del bien.
Además del RIMI, el sector recibe una mejora en la valuación de hacienda para engorde (a campo o corral), mitigando el castigo impositivo sobre la ganancia por tenencia. En materia de IVA, el régimen prevé la devolución de saldos a favor en un plazo de tres meses y una reducción al 10,5% en la energía eléctrica para equipos de riego.
Si bien aún se espera una reforma tributaria estructural, estas medidas representan un alivio para los productores y apuntan a fortalecer la inversión, el empleo y la competitividad exportadora del campo argentino.