La provincia implementará un sistema para cobrar los costos de los operativos de seguridad a los adultos responsables de alumnos que generen alertas falsas. La medida busca desalentar estas prácticas que movilizan recursos estatales y generan alarma social.
El gobierno de la provincia de Córdoba anunció que cobrará a los adultos responsables de los alumnos que generen falsas amenazas de tiroteo en escuelas los costos de los operativos de seguridad que esas situaciones demandan. La decisión fue formalizada por el Ministerio de Seguridad provincial.
La medida establece que los responsables identificados e imputados por la Justicia deberán afrontar los gastos ocasionados por intervenciones policiales, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación. «A partir de ahora, toda intimidación pública, amenaza o falsa alarma que implique el despliegue de recursos del Estado no solo tendrá consecuencias penales, sino también un recupero económico de los costos operativos», explicó el ministro Juan Pablo Quinteros.
El procedimiento prevé que, una vez identificados los responsables, se cuantifiquen los recursos humanos y materiales utilizados en cada intervención. Con esa información, el Estado avanzará con la intimación de pago y, de ser necesario, con acciones judiciales.
Quinteros puntualizó que cada operativo de estas características «moviliza personal policial, móviles, sistemas de emergencia, tareas investigativas y recursos tecnológicos, afectando capacidades que deberían estar destinadas a la prevención del delito en otros puntos de la provincia». Subrayó que se trata de «conductas que alteran el normal funcionamiento escolar, generan angustia en estudiantes, docentes y familias», y obligan a una respuesta inmediata del Estado.
El protocolo se implementará en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y las áreas administrativas correspondientes.
Contexto de amenazas y un caso vinculado a comunidades digitales
La semana pasada se investigaron casos en alrededor de cien instituciones educativas de la provincia. En este contexto, ayer la Justicia ordenó la internación en un centro de salud mental de un adolescente de 13 años con presuntos vínculos activos con la comunidad digital conocida como True Crime Community (TCC), que glorifica masacres escolares.
Según informó el medio eldocetv, el caso en Córdoba se descubrió a partir del análisis de chats en los que el menor, oriundo de Río Cuarto, manifestaba «intenciones violentas» y recibía mensajes de apoyo de otros usuarios. Tras un allanamiento en su vivienda, se secuestró un cuaderno con instrucciones sobre cómo fabricar explosivos caseros, además de cuchillos de caza y una navaja.
La fiscal penal juvenil Norma Scaglia, en diálogo con Telenoche, detalló que el joven manifestaba en escrito y en chats su intención de «solucionar cualquier forma de conflicto con compañeros del colegio, amigos o conocidos solo con el uso de armas», y que miembros del grupo «manifestaban su conformidad, le decían que de esta manera iba a ser un héroe». Los padres del menor aseguraron no estar al tanto de la situación. El adolescente permanece internado en un centro especializado bajo seguimiento profesional.
Paralelamente, como medida preventiva, el Instituto Obispo Caixal prohibió temporalmente el ingreso de alumnos con mochilas después de que aparecieran amenazas pintadas, una decisión que, según explicaron las autoridades del colegio, apunta a reducir tensiones internas.