Más de 270 personas protegidas por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia han sido detenidas, según informes. El gobierno estadounidense sostiene que el programa no confiere un estatus legal permanente.
En el marco de las políticas migratorias de Estados Unidos, un grupo que se encuentra entre los más afectados es el de los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Según los últimos informes, más de 270 personas con este estatus han sido detenidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Un reporte de The Guardian indicó que la agencia detuvo a 270 beneficiarios y deportó a 174. Otros estudios señalan que la cifra de detenidos ascendió a 343 en los primeros once meses del año pasado.
«El DACA no ofrece un estatus legal. El estatus se renueva por tres años y luego expira», destaca un documento firmado por Kristi Noem, quien en ese entonces era secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta dependencia afirma que el 92% de los detenidos tenían antecedentes criminales. Sin embargo, defensores de los derechos de inmigrantes reportan que personas con expedientes limpios también son objeto de estas medidas.
«Necesitamos comparecer ante jueces federales, porque no hay manera de que obtengamos un resultado justo por parte de un juez de inmigración o de la Junta de Apelaciones de Inmigración», dijo Veronica Cardenas, abogada de inmigración de Nueva Jersey, en diálogo con Times of San Diego.
Un informe de PBS presentó algunos casos de beneficiarios del DACA afectados. Uno de ellos es Juan Chávez Velasco, un profesional de laboratorio en Texas que fue detenido mientras llevaba leche materna a su hija prematura en cuidados intensivos. El migrante tenía su estatus DACA activo al momento del arresto, pero fue procesado por una orden de remoción de 2005. «Mientras salía del barrio, vio un coche aparcado al borde de la carretera. Al detenerse, unos agentes del ICE se le acercaron y lo interrogaron», señaló Stephanie Villarreal, esposa de Velasco. Y agregó: «Él intentó explicarles que tenía DACA y un permiso de trabajo. Pero fue detenido ese mismo día, 18 de febrero».
La administración estadounidense sostiene que DACA es «sustantivamente ilegal» porque el Congreso nunca autorizó su creación, lo que lo pondría en conflicto con la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). El DHS sigue esa línea al afirmar que el programa no confiere ningún estatus legal en Estados Unidos, ya que los beneficiarios no cuentan con derechos a permanecer en el país de forma indefinida. «Para que quede claro: DACA no confiere ningún tipo de estatus legal en este país», declaró un portavoz del DHS de acuerdo con The Guardian. «Cualquier inmigrante indocumentado beneficiario puede ser arrestado y deportado por diversos motivos, entre ellos, si ha cometido algún delito».