La administración de Javier Milei busca modificar el sistema electoral, con la eliminación de las primarias como eje central. Para avanzar, necesita reunir apoyos en un escenario parlamentario complejo.
El Gobierno nacional reactivó las negociaciones para reformar el sistema electoral, con el objetivo de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa, que forma parte de un paquete más amplio que incluye cambios en el financiamiento de los partidos y la consolidación de la Boleta Única de Papel, requiere mayorías especiales en ambas cámaras del Congreso.
El oficialismo busca darle impulso al proyecto en los próximos días, con la intención de que sea tratado durante este año y definir el esquema electoral de cara a las elecciones de 2027. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó la intención del Ejecutivo.
Sin embargo, el desafío legislativo no es menor. La reforma necesita 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. En este escenario, el Gobierno depende del respaldo de bloques aliados, donde ya han surgido dudas y pedidos de alternativas. Legisladores del PRO y de la UCR, entre otros, han expresado reparos a una eliminación lisa y llana de las PASO sin un sistema que las reemplace, argumentando que son una herramienta clave para ordenar candidaturas.
Desde la oposición, el diputado de Unión por la Patria, Agustín Rossi, se manifestó en contra de la medida, señalando que las PASO fortalecen la participación y que eliminarlas «sería un retroceso». También cuestionó el argumento del ahorro fiscal.
Por su parte, el oficialismo sostiene que la reforma apunta a simplificar el sistema electoral y reducir distorsiones en el funcionamiento de los partidos políticos. La ofensiva se da en un contexto político marcado por otros debates y escándalos, lo que, según analizan algunos sectores, podría reducir el margen de maniobra del Gobierno para imponer condiciones en la negociación parlamentaria.