El diputado nacional Martín Ardohaín analizó la modificación de la norma, asegurando que busca habilitar la minería en zonas sin riesgo ambiental y otorgar mayor autonomía a las provincias.
El diputado nacional y presidente de la Comisión de Agricultura, Martín Ardohaín, evaluó que la reciente modificación de la Ley de Glaciares reavivó la tensión política y abrió un nuevo frente judicial en Argentina. En una entrevista con Canal E, afirmó que el gobernador de una provincia «judicializa todo» y cuestionó el impacto de estas decisiones para la región pampeana.
Ardohaín enmarcó el conflicto en una disputa histórica por los recursos hídricos, particularmente en relación con el río Atuel. Uno de los ejes del debate es si la reforma implica un retroceso ambiental. Al respecto, el legislador planteó que «lo que se quiere hacer con esto no es desproteger los glaciares, ni poner en riesgo el agua, ni el ambiente».
Según explicó, el objetivo es habilitar la exploración minera en zonas donde no exista riesgo ambiental: «Dar la posibilidad en Argentina de hacer lo que hicieron los países limítrofes, de poder explorar áreas que no pongan en riesgo el ambiente, ni el agua, ni los glaciares». Asimismo, remarcó que existe, a su juicio, una confusión conceptual en el debate público: «En Argentina se toma protección como prohibición y ahí fue lo que nos generó perder el tren del desarrollo».
El entrevistado también defendió el rol de las provincias en la toma de decisiones, frente a cuestionamientos sobre su capacidad de control. En ese sentido, criticó las posturas centralistas y manifestó que la reforma abre una oportunidad de desarrollo para regiones postergadas: «Se le está dando una responsabilidad y una posibilidad de desarrollo a muchas provincias que no tienen turismo o no tienen la pampa húmeda».