Marcelo D’Agostino presentó su renuncia «indeclinable» luego de que su expareja lo denunciara por abuso sexual, lesiones y amenazas. El funcionario, figura clave del gobierno de Alfredo Cornejo, rechazó los cargos pero aseguró que se aparta para no entorpecer la investigación.
MENDOZA.- El subsecretario de Justicia de la provincia de Mendoza, Marcelo D’Agostino, presentó su renuncia tras ser denunciado por su expareja por presuntos delitos de abuso sexual, lesiones, amenazas y violencia de género. El funcionario, considerado una figura clave en el gobierno del radical Alfredo Cornejo, rechazó todas las acusaciones pero decidió apartarse de su cargo.
En una renuncia definida como «indeclinable» y dirigida al gobernador Cornejo, D’Agostino argumentó que su decisión busca «garantizar la transparencia y la plena colaboración con la Justicia» en la investigación, que está a cargo de la fiscal Valeria Bottini, de la Unidad Fiscal de Delitos de Violencia de Género.
La denuncia, presentada por su excónyuge, una licenciada en comercialización, docente y periodista, incluye audios de conversaciones y registros fotográficos de lesiones. Según la presentación judicial, los hechos habrían ocurrido entre 2021 y 2024, con una «prolongación del hostigamiento hasta fines de 2025».
Entre las medidas solicitadas por la denunciante se encuentran la prohibición de acercamiento, la retención del pasaporte, la restricción de salida del país, la entrega de un botón antipánico y un embargo preventivo de bienes para D’Agostino. También se pidió protección para la abogada de la víctima.
Marcelo D’Agostino había sido subsecretario de Justicia desde la primera gestión de Alfredo Cornejo en 2015 y mantuvo el cargo durante el mandato del gobernador Rodolfo Suarez. Se lo consideraba un operador clave y el «brazo ejecutor» del gobierno en el ámbito judicial, con un rol determinante en la gestión de reformas y como nexo con jueces y fiscales.
Fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron la presentación de la denuncia e indicaron que «se encuentran en curso las medidas correspondientes conforme a los protocolos vigentes y a la naturaleza de los hechos denunciados».