Mientras se profundiza una disputa interna en la Corte Suprema por un proyecto de transparencia, el Gobierno enfrenta presiones por escándalos que involucran a figuras clave de su administración.
Una nueva divergencia se ha hecho pública en el seno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre su presidente, Horacio Rosatti, y los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El desacuerdo surge por la postergación en el Consejo de la Magistratura de un proyecto impulsado por Rosenkrantz y apoyado por Lorenzetti, que busca establecer mayores criterios de objetividad y transparencia en la designación de jueces y fiscales.
Este conflicto en el máximo tribunal se da en un contexto donde el Gobierno nacional enfrenta una agenda pública cargada de cuestionamientos. El denominado «AdorniGate», que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa sumando capítulos y generando debate interno sobre su continuidad. Según versiones de fuentes oficiales, la decisión sobre su permanencia se vería influenciada por la dinámica de poder entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo.
Paralelamente, se reactivó la causa que investiga presuntos pagos de coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), con un pedido de ampliación de indagatoria a exfuncionarios y empresarios. En este caso también se mencionan tensiones internas dentro del oficialismo.
La superposición de estos frentes de conflicto, tanto en el Poder Judicial como en el Ejecutivo, pone en evidencia desafíos en materia de transparencia y gestión, en un momento donde el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, había planteado postergar reformas estructurales en el sistema judicial.