Mediante un decreto, se oficializó un fondo de asistencia para doce jurisdicciones. La provincia de Córdoba no figura entre las beneficiarias del desembolso, que deberá ser reintegrado con intereses.
El Gobierno nacional oficializó, mediante el decreto 219/2026 publicado en el Boletín Oficial, un anticipo financiero de hasta $400 mil millones para un grupo de provincias que atraviesan dificultades económicas transitorias. La medida no incluye a la provincia de Córdoba entre los distritos que recibirán los fondos.
Según el texto del decreto, la decisión responde a que «los Gobiernos de varias provincias de la República Argentina manifiestan que se ven impedidos, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas». Ante esta situación, el Poder Ejecutivo consideró «necesario procurar soluciones inmediatas».
Las jurisdicciones alcanzadas por el anticipo son: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Córdoba no forma parte de este listado.
El decreto establece que el anticipo será otorgado durante el ejercicio fiscal 2026. Los montos específicos para cada provincia serán definidos por la Secretaría de Hacienda «conforme a la capacidad de repago de cada provincia sobre la base de su participación en la recaudación de tributos nacionales». Los fondos deberán ser reintegrados dentro del mismo año fiscal, con una tasa de interés fija nominal anual del 15%.
Para garantizar el repago, se habilitó un mecanismo automático de retención. La Secretaría de Hacienda queda facultada para cancelar los anticipos afectando la participación de las provincias en los recursos de la coparticipación federal (Ley N° 23.548). Las provincias beneficiadas deberán autorizar expresamente este procedimiento como garantía.
El Gobierno explicó que los fondos buscan atender problemas financieros de corto plazo y que la Secretaría de Hacienda tendrá la facultad de establecer las condiciones de desembolso y devolución, pudiendo firmar acuerdos individuales con cada jurisdicción.