Documentos secuestrados en un allanamiento a la AFA revelan transferencias por servicios de logística a Real Central SRL, firma dueña de una mansión en Pilar. La investigación judicial analiza los vínculos de la empresa con el tesorero del fútbol argentino.
Una serie de órdenes de pago de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a la empresa Real Central SRL, por un total de $415 millones, fueron identificadas en la causa que investiga presuntas irregularidades en la entidad madre del fútbol. Los documentos, secuestrados en un allanamiento a la sede de Viamonte a fines del año pasado, muestran que los pagos fueron autorizados por el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y recepcionados por Luciano Pantano, vinculado a la firma receptora.
Según la documentación, a la que tuvo acceso este medio, los desembolsos se realizaron en concepto de «servicios de logística y traslados» durante 2024 y 2025. Una de las órdenes, la N° 267372 del 2 de junio de 2025 por $70.4 millones, incluye la firma y DNI de Luciano Pantano como receptor, así como una deducción manuscrita por retenciones de ganancias. La operación fue autorizada mediante un memorándum interno de la AFA rubricado por Pablo Toviggino.
Real Central SRL es la empresa titular de una mansión valuada en 17 millones de dólares en Pilar y de una colección de 54 autos antiguos. Los supuestos dueños son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. En la investigación, la fiscalía sospecha que Toviggino podría ser el verdadero propietario del inmueble, lo que configuraría una operación de auto-pago.
Los pagos de la AFA a esta empresa sumaron unos 400 mil dólares al tipo de cambio de mediados del año pasado. Además, en un allanamiento paralelo en la sede de Argentinos Juniors, se encontró un recibo firmado por Pantano el 25 de agosto de 2025 por la recepción de $600 millones de pesos de ese club.
La investigación, a cargo del juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona del Juzgado de Lomas de Zamora, también detectó vínculos de Pantano con otras firmas como One to One Publicidad, Lupan Group SRL y Mendoza Wines SA. Ante estos hallazgos, la fiscalía solicitó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero de todas las personas físicas y jurídicas involucradas, y requirió información a la ARCA, la UIF y el Banco Central, entre otros organismos.