Organizaciones de derechos civiles y electorales presentaron una demanda federal contra el estado de Texas por su método para identificar posibles no ciudadanos en el padrón electoral. El gobernador Greg Abbott prometió defender la medida.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció a través de redes sociales que su administración enfrenta una demanda judicial impulsada por organizaciones de derechos electorales. Estas agrupaciones buscan detener las medidas estatales orientadas a comprobar la ciudadanía de las personas registradas en el padrón electoral.
En un mensaje publicado en X, Abbott indicó que los grupos «están demandando a Texas para detener la verificación de que solo ciudadanos estadounidenses estén en las listas de votantes». El mandatario remarcó que solo las personas con ciudadanía «pueden votar en Texas» y señaló que esto «no es controvertido: es ley». Además, prometió luchar contra la demanda y ganar el litigio.
De acuerdo con información de The Texas Tribune, el Campaign Legal Center, una organización sin fines de lucro que supervisa procesos electorales, presentó la demanda en un tribunal federal de Austin contra la Secretaría de Estado de Texas y funcionarios electorales de varios condados. La acción judicial fue presentada en representación de múltiples organizaciones de derechos civiles.
La presentación se originó luego de que la autoridad estatal utilizara el Sistema de Verificación de Extranjeros para Beneficios (SAVE, por sus siglas en inglés), un sistema federal que permite verificar el estatus migratorio. Con este cruce de datos, el estado revisó a más de 18 millones de votantes registrados e identificó a 2724 «posibles no ciudadanos», ordenando a los condados investigar cada caso.
La demanda busca frenar la posible eliminación de votantes del padrón a partir de la información proporcionada por ese registro. Los demandantes argumentan que algunos electores ya habían acreditado su ciudadanía al obtener licencias de conducir o identificaciones estatales. Además, afirman que la autoridad estatal no consultó registros del Departamento de Seguridad Pública, que podrían confirmar la ciudadanía de muchos votantes, antes de exigir pruebas documentales.
Hasta el momento, las autoridades estatales y los funcionarios de condados no han presentado una respuesta formal a la demanda. La oficina del Secretario de Estado declinó hacer comentarios a The Texas Tribune, pero la postura del estado fue expresada públicamente por el gobernador Abbott. En paralelo, otra demanda federal que cuestiona el uso del sistema SAVE por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) continúa en trámite.