A pesar de las presiones del Ejecutivo, la oposición consiguió quórum y el número necesario para aprobar en general la modificación a la ley de DNU que limita el poder del presidente Javier Milei. Sin embargo, en la votación en particular un artículo clave no alcanzó la mayoría necesaria y ahora el proyecto ahora debe volver al Senado, que puede insistir con la redacción original.
Por manda constitucional la aprobación del proyecto necesitaba mayoría absoluta: 129 votos afirmativos. Obtuvo 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones en la votación en general.
Pero al momento de la votación en particular el artículo 3 -que es el corazón de la norma- tuvo 127 afirmativos. Le faltaron dos votos para quedar aprobado.
Se trata de la parte del proyecto que plantea que los decretos de necesidad y urgencia se van a considerar aprobados si tienen el aval de ambas cámaras del Congreso, con mayoría absoluta, y que eso debe ocurrir en el plazo de 90 días. De lo contrario, el decreto queda derogado.
Fueron varios los legisladores que votaron a favor de la norma en general pero votaron en contra del artículo 3. Entre ellos hubo tres del PRO: Héctor Baldassi, Sofía Brabilla y Alvaro González y tres de la Coalición Cívica: Marcela Campagnoli, Victoria Borrego y Juan Manuel López, quien ya en comisiones había planteado un dictamen propio en minoría.
Cuatro de los ex libertarios del flamante bloque Integración y Coherencia hicieron lo mismo: Oscar Zago, Gerardo González, Eduardo Falcone y Carlos D’Alessandro votaron a favor de la ley en general y en contra del artículo 3. Ellos cuatro ya no había dado quórum en esta sesión.
Por su parte, los gobernadores también jugaron. La santafesina Melina Giorgi de Democracia para Siempre, que responde al gobernador Maximiliano Pullaro se abstuvo en la votación en general pero votó en contra del artículo 3. Lo mismo ocurrió con el diputado chubutense del PRO Jorge Avila, hombre del Ignacio Torres en la provincia.
A su vez, los radicales Fabio Quetglas y Karina Banfi votaron a favor de la ley pero se abstuvieron en la votación del artículo en particular.
Qué cambiaba de la ley
La Ley 26.122, promovida por la entonces senadora Cristina Kirchner, durante el gobierno de su marido Néstor Kirchner fue aprobada en 2006. Desde entonces, todo decreto de necesidad y urgencia entra en vigor desde el momento de su firma y queda vigente, a menos que sea rechazado expresamente por ambas Cámaras del Congreso.
El nuevo proyecto, redactado en el Senado, plantea todo lo contrario: estipula que para quedar aprobado un DNU tiene que tener el aval de ambas Cámaras, por mayoría absoluta de los presentes, y fija para eso un plazo de 90 días. De lo contrario, el DNU cae. A su vez, si una sola cámara lo rechaza se cae. Al igual que ocurre con una ley.
El punto del plazo es el que se cayó. Como las leyes para quedar aprobadas deben tener todos sus artículos aprobados, la norma quedó modificada y ahora debe volver al Senado, donde deben insistir con la norma original.
«Golpismo» o «gobernabilidad»
El debate giró en torno a dos conceptos: el oficialismo planteó que el proyecto es «golpista», «desestabilizante», «destituyente», mientras que la oposición se defendió planteando que históricamente hubo un «abuso» del uso de los DNU y que con esta modificación pretenden reencauzar la negociación política y la «gobernabilidad»
«No es una iniciativa contra su Gobierno ni contra el Presidente. Hemos actuado siempre con responsabilidad pero este modelo de DNU está agotado. El cambio es positivo para construir gobernabilidad», sentenció Miguel Pichetto, quien reconoció que él había votado a favor de la ley original en 2006 y que fue en un «marco de la emergencia» que vivía el país.
En la misma línea se inclinó Nicolás Massot: «Esta reforma sirve para que el Gobierno entienda que no se puede gobernar con un tercio de legisladores en una de las cámaras y que necesita formar mayorías. Si no lo hace, no hay tercio que los salve”.
«Nadie puede creer que realmente quieran mejorar las instituciones, quieren desestabilizar al Gobierno, generar inseguridad jurídica», se quejó el libertario y presidente de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz.
«El Gobierno se desestabiliza solo cuando va contra las universidades, contra los jubilados, contra la discapacidad», retrucó Diego Giuliano de Unión por la Patria.
El tema incomodó al PRO y a la UCR que históricamente batallaron para cambiar esta ley del kirchnerismo pero ahora consideran que es oportunista y peligrosa, porque La Libertad Avanza gobierna en minoría.
«En 2006 esto era una escribanía», recordó Silvana Giudici (PRO), quien consideró que la nueva ley es «inconstitucional». «De la sanción ficta van a pasar al rechazo ficto. Un agujero a la seguridad jurídica y la previsibilidad que tiene que tener una norma», señaló por el plazo de 90 días que fija el proyecto, tiempo en el cual el decreto puede ser aprobado o caer.
La UCR de Rodrigo De Loredo optó por plantear una medida intermedia: modificar la ley pero que empieza a regir a partir de 2027. Es decir, con el próximo gobierno. «Los argentinos de vuelta con 2 opciones: o se desestabiliza un gobierno o se continúa con vetocracia y DNU», se quejó el cordobés.
El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, disparó contra el kirchnerismo y contra sus ex socios de Juntos por el Cambio: «Sé que hoy hay oportunistas y advenedizos, pero también sé que hay republicanos intermitentes y de ocasión».
El quórum se consiguió con 132 presentes: 96 de los 98 diputados de Unión por la Patria; el grueso de Encuentro Federal, incluidos los cordobeses del gobernador Martín Llaryora; la mayoría de Democracia para Siempre; la Coalición Cívica; la Izquierda; tres legisladores de la UCR (Fabio Quetglas, Julio Cobos y Roberto Sánchez) y dos de Coherencia: Lourdes Arrieta y Marcela Pagano.
El flamante interbloque de ex libertarios, Desarrollo y Coherencia, ya tuvo su primera diferenciación porque los otros cuatro miembros (Carlos D’Alessandro, Oscar Zago, Gerardo González y Eduardo Falcone) no bajaron. Aunque no tienen gobernadores propios estaban pendientes de qué hacían los mandatarios porque no querían quedar «pegados» al impulso kirchnerista.