Con el objetivo de incrementar las reservas del Banco Central y cumplir con compromisos internacionales, el Ejecutivo impulsa la venta de participaciones estatales en AySA, Transener y Metrogas, buscando obtener al menos USD 2.000 millones en el corto plazo.
El Gobierno nacional activó un proceso acelerado para transformar activos públicos en divisas, con la meta de mostrar solidez en las reservas del Banco Central. La administración de Javier Milei impulsa la privatización y desinversión en tres empresas clave del sector servicios y energía: AySA (agua), Transener (transporte eléctrico) y Metrogas (distribución de gas). El objetivo es recolectar un piso de USD 2.000 millones en el corto plazo para blindar los pagos a acreedores privados y cumplir con el cronograma de acumulación pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Al retirar al Estado de la administración de estas compañías, el oficialismo apuesta a que el mercado valide una nueva estructura de precios donde el usuario absorba el costo real del servicio. En la visión del equipo económico, esta transferencia permitirá una desregulación tarifaria total que alivie el peso de los subsidios en el gasto primario, consolidando el ancla fiscal del programa macroeconómico.
A fines de este mes, el Ejecutivo presentará formalmente el pliego de bases y condiciones para la licitación de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El proceso sufrió dilaciones por la magnitud patrimonial de la compañía, que no solo distribuye agua en el AMBA, sino que administra activos inmobiliarios estratégicos y plantas de tratamiento de alta complejidad. El plan oficial, amparado en la Ley de Bases, consiste en ofrecer el 51% de las acciones en una licitación pública internacional, colocar un 39% en la Bolsa mediante una oferta pública (IPO) y reservar el 10% restante para el programa de propiedad de los empleados. Sin embargo, la valuación sigue en disputa: en el mercado circuló una cifra de USD 500 millones (precio de referencia de la antigua Aguas Argentinas en los 90), pero el Banco Nación trabaja en una auditoría que contempla el pesado pasivo financiero acumulado. Fuentes al tanto de las negociaciones indicaron que una de las trabas centrales es que los activos inmobiliarios y las plantas permanecerán bajo control estatal y que “aún no hay un plan” oficial para su destino. La venta se limitará a la concesión del servicio y a la recuperación de carteras de clientes morosos, fondos que deberán reinvertirse en infraestructura. De hecho, una de las garantías habilitadas el año pasado es el permiso a la empresa para cortar el suministro en caso de deuda. Pese a las dificultades, el apetito internacional está latente: entre los grupos que iniciaron sondeos aparecen la brasileña Sabesp, la francesa Veolia y el holding local Roggio. Publicada la licitación, habrá un plazo de 90 días para evaluar la solvencia técnica y económica de los oferentes antes de adjudicar.
El segundo frente es Transener, la compañía que controla el 85% de la red de alta tensión del país. El Gobierno ultima una resolución para desprenderse de la participación estatal, hoy operada bajo un esquema de control compartido entre Energía Argentina (Enarsa) y Pampa Energía. El Estado posee el control de Cieltec, dueña del 52,64% de las acciones Clase A de la transportadora. Aunque el valor bursátil total ronda los USD 900 millones, la subasta de la cuota estatal representa un negocio de USD 200 millones. La cifra final podría elevarse por el carácter estratégico de una red de transmisión que abarca 12.400 kilómetros de líneas y 60 estaciones transformadoras. La salida oficial tiene una implicancia regulatoria de fondo: eliminar la intervención del Estado en la determinación de los precios mayoristas. Al habilitar que los privados cierren contratos directos, el Ejecutivo cumple con otra exigencia del FMI: retirar a Enarsa de la gestión energética para fomentar la inversión. Los grupos Central Puerto S.A., Edenor y la alianza entre Genneia y el Grupo Edison ya manifestaron su interés formal.
En paralelo, YPF avanza para desprenderse de Metrogas. La petrolera que conduce Horacio Marín busca vender su 70% de participación para concentrar su inversión de capital (CAPEX) exclusivamente en Vaca Muerta. El proceso, coordinado por Citigroup, superó la fase no vinculante con éxito tras la presentación de propuestas de 13 empresas. El objetivo de la petrolera estatal es obtener unos USD 500 millones y adecuarse a la normativa vigente, que establece un tope del 49% de participación en distribuidoras de gas. En la fase actual de due diligence, figuran en la lista de candidatos Andina PLC (vinculada a José Luis Manzano), Central Puerto (liderada por Guillermo Reca), la familia Miguens-Bemberg, Eduardo Escasany (titular del Banco Galicia) y Neuss Capital. El atractivo para los inversores es claro: se trata de un activo que garantiza flujo de caja en un mercado regulado.