Tras el tiroteo en San Cristóbal, gobiernos provinciales implementan guías de acción para docentes y advierten sanciones económicas a los padres de los autores de las amenazas.
Distintas jurisdicciones del país han comenzado a implementar estrategias para enfrentar la ola de amenazas de ataques en establecimientos educativos, que se intensificaron luego del fatal tiroteo ocurrido el 30 de marzo en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe.
Las medidas adoptadas abarcan desde protocolos preventivos y de actuación para los equipos docentes, hasta la aplicación de sanciones económicas a los responsables de las intimidaciones y, en algunos casos, a sus familias.
En la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, las autoridades educativas comunicaron a los directivos protocolos de acción inmediata ante la detección de mensajes amenazantes o la presencia de armas en las escuelas. Estos lineamientos incluyen pasos para atender situaciones de alerta, comunicaciones jerárquicas, acciones administrativas y trabajo pedagógico con estudiantes y familias. Se hace especial hincapié en no viralizar los mensajes para evitar generar miedo y estimular repeticiones.
Por otro lado, en provincias como Santa Fe y a instancias de fiscales como en Mar del Plata, se está aplicando el Código Civil para imponer sanciones. El ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, anunció que los autores de las amenazas, o sus familias, deberán costear los operativos policiales que se desplieguen, cuyo monto estimó entre 5 y 6 millones de pesos por caso. «No se trata de una broma, se trata de un delito», remarcó el funcionario, destacando las consecuencias legales futuras para los responsables.
La semana pasada se registró un pico de casos, con 65 denuncias en un solo día, muchas mediante carteles dejados en baños escolares. Las fuerzas de seguridad intervienen en cada denuncia con procedimientos que pueden incluir aprehensiones, allanamientos y secuestro de dispositivos electrónicos para identificar a los autores.
Las autoridades atribuyen este fenómeno a un «efecto copycat» o de imitación, posterior al ataque de San Cristóbal, lo que obliga a tratar cada amenaza con el mismo nivel de alerta y a movilizar recursos de seguridad en cada ocasión.