La iniciativa, conocida como ‘Ley Hojarasca’, busca eliminar normas que el Poder Ejecutivo califica como desactualizadas o que afectan libertades individuales. El proyecto fue presentado en el Congreso.
El Gobierno nacional presentó en el Congreso un proyecto de ley, impulsado por Federico Sturzenegger, que propone la derogación de más de 70 normas. La iniciativa, denominada informalmente «Ley Hojarasca», tiene como objetivo suprimir reglamentaciones que el Poder Ejecutivo considera «obsoletas o superadas».
En el documento, el Gobierno segmentó las leyes a eliminar en varias categorías: aquellas obsoletas por el avance tecnológico o el paso del tiempo, las que afectan libertades individuales, las englobadas por legislaciones más modernas, las cuya derogación implica una desburocratización, las que remiten a procesos u organismos ya inexistentes y las referidas a organismos del sector público financiados con fondos nacionales.
Desde el Poder Ejecutivo argumentaron que existe «una enorme cantidad de leyes que actualmente aparecen como vigentes pero que ya no tienen aplicación práctica alguna. Algunas nunca la tuvieron».
Entre las normas que se busca derogar, el Gobierno destacó varias que, a su criterio, afectan libertades individuales. Una de ellas es la Ley 14.034 de 1951, que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado afirmó que «prohíbe la defensa de los derechos humanos de la sociedad argentina en los foros internacionales».
También se incluye la Ley 18.312 de 1969, sobre un fondo para la producción de papel prensa, que según el Ejecutivo «busca restringir la libertad de expresión». Otras leyes mencionadas son la 19.787 y la 20.120, del gobierno de Alejandro Lanusse, que según el proyecto restringen la elección de temas musicales en radios y habilitan al Estado a prohibir reuniones privadas, respectivamente.
Asimismo, el proyecto apunta a derogar la Ley 20.959 de 1975, que otorga libre circulación y estacionamiento a legisladores nacionales, un privilegio que fue calificado como «inaceptable en una sociedad democrática».
Otra norma incluida es la Ley 26.688, aprobada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y vacunas. El Gobierno argumentó que esta reglamentación «no impone acciones concretas».