El Tribunal Oral Federal de Tucumán resolvió suspender el inicio del debate oral en la causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en el Ingenio La Fronterita, el cual debía comenzar este miércoles. La medida se tomó luego de que se solicitara una nueva evaluación pericial sobre el estado de salud del imputado Jorge Alberto Figueroa Minetti. Esta decisión posterga sin fecha definida un proceso judicial que ya lleva más de diez años de trámite y que afecta a 68 víctimas.
Este juicio tiene un carácter histórico para la provincia, ya que busca juzgar la responsabilidad de actores empresariales en el marco del Operativo Independencia y tras el 24 de marzo de 1976. Según la investigación, en el predio del ingenio funcionó una base militar y un centro clandestino de detención, evidenciando el lazo estructural entre la patronal azucarera y la represión sistemática contra trabajadores y referentes gremiales.
La dilación de la justicia profundiza el escenario de «impunidad biológica». De los seis empresarios imputados originalmente, tres fallecieron en el transcurso de la década y uno fue apartado por razones de salud. Actualmente, solo Figueroa Minetti y Eduardo Butori llegan como procesados a esta instancia. El paso del tiempo, lejos de ser un factor neutral, opera como un beneficio para quienes entregaron listas de trabajadores, aportaron infraestructura y financiaron el accionar represivo hace ya cinco décadas.
Desde los organismos de derechos humanos y las querellas denuncian que estas maniobras judiciales a último momento revictimizan a las familias y sobrevivientes. En la víspera de los 50 años del golpe, la postergación de este debate oral vuelve a poner de manifiesto las fallas estructurales de un Poder Judicial que llega tarde, mientras las víctimas continúan exigiendo verdad y justicia efectiva por la responsabilidad civil y empresarial en el genocidio.