El gobierno encabezado por el presidente Javier Milei enfrentó una de sus semanas más difíciles en el Congreso, donde la oposición logró imponer su agenda legislativa y propinarle al oficialismo una serie de derrotas que reconfiguran el tablero político.
En una sesión cargada de tensión, el Senado rechazó cinco decretos del Gobierno que buscaban avanzar con la desregulación del Estado, y al mismo tiempo aprobó por amplia mayoría una ley que aumenta el presupuesto destinado a las universidades públicas y mejora los salarios de sus trabajadores.
Este doble revés se suma al rechazo que había sufrido el Ejecutivo días antes en la Cámara de Diputados, donde se dejó sin efecto el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. El mensaje del Congreso fue claro: hay límites al ajuste fiscal, y la educación y la salud no están dispuestas a ceder terreno.
Con 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, el Senado sancionó la ley de financiamiento universitario, que contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes, fondos para gastos de funcionamiento, becas estudiantiles y apoyo a carreras estratégicas.
La iniciativa fue impulsada por rectores y respaldada por bloques opositores de distintas orientaciones políticas, desde el peronismo hasta sectores del radicalismo y partidos provinciales. Durante el debate, la senadora Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, defendió la medida como una “decisión de futuro” y destacó que “la universidad pública argentina es parte de nuestra identidad nacional”.
Otros legisladores, como Eduardo “Wado” de Pedro y Fernando Salino, alertaron sobre el deterioro del sistema educativo superior, señalando que la inversión actual representa apenas el 0,43% del PBI, muy por debajo del promedio histórico del 0,8%.
Rechazo
La ley también contempla la creación de un fondo de $10.000 millones, actualizado por inflación, para fomentar el ingreso a carreras consideradas estratégicas para el desarrollo nacional. En un contexto de recortes presupuestarios, esta decisión representa un giro significativo en la política educativa.
En paralelo, el Senado rechazó cinco decretos presidenciales, cuatro delegados y uno de necesidad y urgencia, que habían sido impulsados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Estas medidas buscaban eliminar organismos estatales como la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo, el Instituto Nacional de Semillas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre otros.
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