En las últimas horas, una noticia judicial sacudió el ámbito político y mediático: la jueza Julieta Makintach presentó su renuncia en medio de un proceso de juicio político en su contra. La información fue confirmada por el periodista Ignacio González Prieto a través de sus redes sociales, cómo en su momento el escandaloso tuit de Jorge Rial.
El periodista detalló los motivos detrás de la abrupta salida de la magistrada, que estuvo vinculada al expediente por la muerte de Diego Maradona. “Renunció la Jueza Julieta Makintach para evitar el Juicio Político por Mal desempeño en sus funciones. Tenía 7 denuncias en su contra de particulares y del Procurador Bonaerense, Julio Conte Grand”.
Según González Prieto, la decisión fue tomada antes de que el proceso formal avanzara, lo que le permite a la exjueza evitar la instancia de destitución, pero también implica la pérdida automática de sus fueros, lo que la deja expuesta a posibles causas penales o civiles.
Makintach formó parte del cuerpo judicial que intervino en la investigación por la muerte de Maradona, una causa que sigue generando repercusiones tanto judiciales como mediáticas. Si bien no fue la jueza principal, su nombre quedó vinculado al expediente y su actuación, cuestionada por varios actores del sistema judicial.
Esto, sumado a otras denuncias de mal desempeño, habría acelerado su salida. El Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, había elevado un pedido formal por irregularidades en sus funciones. A eso se sumaron siete denuncias de particulares.
Estas fueron acumuladas como parte del expediente que iba a tratar la comisión correspondiente en el proceso de enjuiciamiento. Con su renuncia, Makintach evita el juicio político, pero el retiro no la blinda del todo. Al perder su investidura, ya no cuenta con fueros y, por lo tanto, podría ser citada a declarar o incluso imputada.
De hecho, varias organizaciones ya anticiparon que presentarán denuncias penales y civiles por hechos vinculados a su desempeño. Este tipo de maniobras —renuncias para eludir sanciones institucionales— suele generar críticas desde sectores que reclaman mayor transparencia y control en el Poder Judicial.