Por primera vez, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra un presidente constitucional en un fallo sin precedente, que además de cerrar la discusión en torno a la corrupción en el kirchnerismo, determinó que Cristina Kirchner no puede ocupar ningún cargo público de por vida.
“La imposición de las penas de prisión e inhabilitación no hace otra cosa que tutelar nuestro sistema republicano y democrático”, dijo en su sentencia la Corte.
El fallo de la Corte es un respaldo firme y explícito a todos los fiscales y jueces que trabajaron en esta causa y a la prueba recogida en la investigación. En un momento de bajísima credibilidad en la Justicia, este fallo es un espaldarazo en el camino de recuperar credibilidad.
Los jueces de la Corte cerraron un debate: está probada la intención de Cristina Kirchner de beneficiar económicamente a Lázaro Báez y a ella misma antes que al Estado con las 51 licitaciones de la obra pública santacruceña.
Y dejaron firme la necesidad del decomiso de 84.000 millones de pesos por el daño provocado al Estado.
Cristina Kirchner tuvo la intención de defraudar, se representó las consecuencias de sus decisiones y el resultado. Tuvo el afán de lucro que requiere el delito de fraude contra el Estado, señalaron.
La sentencia, de profundo impacto institucional y político, solo tiene antecedentes en los casos de los exdictadores militares que ocuparon el Poder Ejecutivo y que fueron condenados por la Corte Suprema con condenas firmes, pero por otro delito: por violaciones a los derechos humanos.
Esta sentencia se construyó en tres meses, cuando el expediente iniciado en 2016 llegó a la Corte Suprema de Justicia a fines de marzo pasado, mediante recursos de queja de la expresidenta y del fiscal de Casación, Mario Villar.
En un principio, primaba en tribunales la idea de que no se iba a conocer ningún fallo hasta 2026, cuando ya hubieran pasado las elecciones de octubre, de medio término y Cristina Kirchner tuviera fueros que la protegieran de ir presa. Pero todo cambió en este último mes.
La causa llegó a la Corte y se movió en principio con paso calmo. Primero le corrieron vista al procurador, Eduardo Casal, para que dictaminara si sostenía el recurso del fiscal Villar. Demoró un mes el asunto.
Pero en la Corte ya se había empezado a escribir esta sentencia donde se decidió rechazar sin mayores explicaciones el pedido del fiscal y, en cambio, sí rebatir cada uno y con explicaciones los argumentos de la defensa de la expresidenta.
En la Corte había miradas diversas sobre el fallo. Horacio Rosatti fue quien llevó los tiempos del trámite. Como presidente de la Corte tiene esa facultad. Lo acompañó Carlos Rosenkrantz.
Pero Ricardo Lorenzetti decidió acelerar porque veía que las cosas no tenían el ritmo que deseaba. En el pasado, Lorenzetti no se calló la boca cuando veía cosas que no le gustaban y salió al cruce de sus colegas. Ahora también.
El debate interno en la Corte corrió en paralelo al debate en el Senado por la incorporación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte.
García-Mansilla llegó a integrar la Corte por decreto y hasta se ilusionó con votar en este caso, pero el Senado rechazó su pliego y el entonces juez dio un paso al costado. Lijo no logró los votos para ser juez de la Corte.
El kirchnerismo interpretó que el apuro de Lorenzetti era una presión para que votaran la postulación de Lijo. No pasó nada de eso. Lorenzetti votó por la condena y Lijo no fue juez.
Pero los tiempos del caso cambiaron desde comienzos desde el mes de mayo, cuando la Corte empezó a dar señales de que se venía una resolución.
Primero, rechazó la recusación de Lorenzetti, que había ensayado Cristina Kirchner para sacarlo de la cancha. Hace tiempo que la expresidenta no confía en Lorenzetti.
De fondo corría el calendario electoral. El 19 de julio vencía el plazo para oficializar la candidatura de la expresidenta como legisladora bonaerense. Cristina Kirchner anunció el 2 de junio su intención de postularse.
Sin solución de continuidad en el trámite judicial que ya venía lanzado, como en un folletín por entregas, la Corte recibió ayer el informe del secretario penal Diego Seitún, en el que analizó los agravios de las defensas y recomendó rechazarlos, y dejar firme la condena.
Ya no había más que esperar. Solo restaba sacar el fallo, que redactaban los especialistas en derecho penal de las vocalías de los jueces. Pero se precipitó el momento de definir.
El juez Rosenkrantz, que venía trabajando en la sentencia con dedicación, tenía previsto viajar entre este miércoles y el lunes próximo. Sus colegas entendieron que no había plafón para posponer el veredicto.
El viaje del Rosenkrantz ponía un colchón de tiempo con consecuencias imprevisibles. Por eso, este martes todo fueron corridas y nerviosismo en la Corte.
Por más que algunos funcionarios del tribunal ponían paños fríos y buscaban llevar calma: “Todo marcha de acuerdo al plan”, repetían ante los periodistas, parafraseando al asesor presidencial Santiago Caputo.
El PJ estaba en sesión permanente con Cristina Kirchner, que anoche había llamado a protestar contra lo que definió como el “Partido Judicial” y este martes volvió a la sede del PJ, para reunirse con sus senadores, con el edificio de la calle Matheu rodeado militantes, los gremios amenazando con una huelga general y manifestantes cortando los accesos a la Capital, en reclamo por sus ingresos. Las fuerzas federales aplicaron el protocolo antipiquetes y dispararon balas de goma.
Había que resolver. Los jueces se reunieron por la mañana, poco tiempo, y Rosatti los volvió a citar a las 16, para votar.
Las vallas que están alrededor del Palacio de Justicia, en la Plaza Lavalle, se dispusieron para evitar manifestantes. Cerca de las 17, los jueces firmaron digitalmente el fallo.
Concluyeron que la investigación del fiscal Gerardo Pollicita en la instrucción, con el juez Julián Ercolini; que las sentencias de los jueces del tribunal oral, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que dispusieron la condena, y la de los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, de la Casación, que la confirmaron, se basaron en las pruebas, en la ley y en el respeto del debido proceso.
Por todo eso, la Corte dejó firme, por primera vez, una condena por corrupción contra un presidente constitucional y lo mandó a prisión.
Cuando concluyó el juicio oral por Vialidad, en diciembre de 2022, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola cerraron su alegato advirtiendo: “Es corrupción o justicia”. Fue justicia.