En las últimas horas del martes, el dirigente social Juan Grabois denunció a través de sus redes sociales que Fernanda Miño fue víctima de un “allanamiento ilegal” perpetrado por la Policía de la provincia de Buenos Aires, en su casa ubicada del barrio de Villa La Cava en San Isidro. “Un señor encapuchado la agarró del pelo y la golpeó”, aseguró el líder de Frente Patria Grande en un video en el que cuestionó el accionar policial y desestimó las acusaciones sobre la catequista que quedó envuelta en la polémica por los fondos millonarios que tenía a su cargo como titular del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) durante la administración de Alberto Fernández.
A las 23.47, Grabois hizo un posteo en el que advirtió que fue “un grupo de policías encapuchados con armas largas que estaban escondidos se metieron violentamente por atrás” cuando Miño arribó a su casa alrededor de las 22 después de una actividad política. “No la dejaron comunicarse con su abogado. No se indica la causa. Hacemos responsable al Gobierno de este accionar propio de la dictadura”, indicó.
Según dijeron a LA NACION fuentes del entorno de Grabois, el allanamiento duró dos horas, a Miño “le pegaron mucho”, “la tiraron al piso” y no se le habría presentado la orden judicial para registrar la vivienda. En ese sentido, señalaron que lo que se le atribuye a Miño es el robo de un moto ocurrido el 26 de agosto. Pero este hecho fue desmentido. “Fernanda no robó nada”, aseguraron y añadieron: “Eso de la moto fue una excusa para el apriete”.
Por su parte, fuentes de la Policía bonaerense indicaron a LA NACION que se trató de un allanamiento legal que fue pedido por la Justicia en el marco de una investigación del Poder Judicial por un robo armado en donde hubo disparos. Enfatizaron que “el actuar de la Policía fue correcto” y que se mantuvo “dentro de la ley”. El operativo estuvo a cargo de la UFI N°3 y el Juzgado de Garantías 2 del departamento judicial de San Martín.
Pese a ello, Grabois insistió con un mal manejo de los agentes policiales y apuntó contra el Gobierno. “Nunca le encontraron nada, y ahora le inventan que se robó una moto. ¿Se piensan que somos boludos y que vamos a creer que tan diligentes son los fiscales que, por el robo de una moto, van a hacer un allanamiento a las 22.30, justo cuando Fernanda vuelve de una actividad política y social?”, cuestionó el dirigente del MTE en un video publicado en la madrugada desde la casa de Miño.
“Son nuestros enemigos, que están cruzando una línea roja más. Son cobardes, siempre cobardes con los de arriba y muy fuertes con los de abajo. No se lo vamos a dejar pasar. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Son muy guapos con los pobres, con los villeros”, enfatizó el exprecandidato a presidente de Unión por la Patria.
Por último, remarcó la presencia de grupos narcos en la zona: “En este barrio está lleno de narcotraficantes. Están envenenando a los pibes y hay pibes que mueren todos los días. ¿Y vienen a hacer un allanamiento por una moto a Miño? ¿Cómo puede ser?”. ”Esto no queda así. No nos chupamos el dedo″, advirtió.
Fernanda Miño quedó en el ojo de la opinión púbica en febrero de este año, luego de que fuera denunciada, junto a Grabois, por la falta de transparencia en el uso de los fondos fiduciarios durante la gestión de Alberto Fernández, cuando estaba al frente de la Secretaría de Integración Sociourbana.
Miño estuvo al frente del fondo hasta finalizada la gestión del Frente de Todos. De acuerdo con una planilla de datos enviada por fuentes oficiales del gobierno a LA NACION, el crédito vigente a enero era de $23.283 millones de pesos, aunque el monto al que accedieron durante el gobierno anterior ascendería a los $200.000 millones.
Fuentes de acceso público aseguran que, desde la creación del fondo, se realizaron 1278 obras de integración en barrios populares y que se alcanzaron 5060 asentamientos con obras de vivienda. Serían 6517 intervenciones en total, por un monto de $480.611.383.294,59 durante los últimos cuatro años.
Sin embargo, desde el Gobierno, en el verano, denunciaron que de las 6517 obras reportadas, tan solo 400 figuran como finalizadas, es decir un 6%. En tanto que 5886 se encontraban en ejecución y 231 en etapa de contratación.
El FISU era un fideicomiso creado por ley para financiar proyectos a partir de la inscripción de villas en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Recibía fondos del impuesto PAIS, percibió dinero por el aporte solidario extraordinario implementado durante la pandemia y tenía múltiples asignaciones por parte de organizaciones internacionales para hacer obras en asentamientos de emergencia.
LA NACION
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