El bloque de diputados de la UCR vuelve a perder la cohesión frente a la decisión de insistir, o no, con la ley que buscó recomponer los haberes jubilatorios, vetada por Javier Milei la semana pasada. A pesar de que fue uno de los primeros proyectos que unió al radicalismo, impulsor de la iniciativa, en este nuevo round parlamentario la incomodidad se apoderó de la bancada, cruzada por afinidades con la Casa Rosada, intereses regionales y especulaciones políticas personales.
Los 33 diputados que componen el bloque liderado por el cordobés Rodrigo de Loredo discuten puertas adentro qué hacer en la sesión especial convocada para el miércoles, a las 11, donde una porción de radicales, junto a Encuentro Federal y la Coalición cívica, intentarán salvar la ley que propone una mejora en los haberes jubilatorios e incluye una nueva fórmula de movilidad. Se descuenta que se sumarán a esta cruzada los diputados de Unión por la Patria, conducidos por Germán Martínez, así como los cinco legisladores del Frente de Izquierda y el Partido Obrero.
Este lunes se oficializó la renuncia del entrerriano Pedro Galimberti para asumir como delegado en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande a pedido del gobernador Rogelio Frigerio. Su salida deja con un integrante menos a la bancada radical dado que en su lugar asumirá Nancy Ballejos, de Pro, exaliados del frente Juntos por el Cambio.
Hay al menos siete referentes de la UCR que podrían no acompañar la intención de sus colegas a pesar de haber votado a favor del proyecto en junio. Uno de los primeros en sincerar su posición fue el tucumano Mariano Campero, quien en la última reunión de bloque adelantó su voto negativo bajo el argumento de que los fundamentos del veto inclinaron su posición a favor del Gobierno.
La cordobesa Soledad Carrizo también deslizó en esa misma cumbre su intención de no insistir con el proyecto jubilatorio tal cual se sancionó. Según pudo saber LA NACION, hizo foco en la necesidad de proteger el equilibrio fiscal. Por eso, la secretaria parlamentaria del bloque radical propuso una salida intermedia: insistir parcialmente en algunos de los artículos de la ley vetada, fundamentalmente con el que establece la recomposición del 8,1% por la inflación de enero no reconocida por el Gobierno. La respalda De Loredo, quien votará a favor de la insistencia de fracasar esta alternativa. El jefe de bloque no puede volver a quedar descalzado de su tropa en un tema tan troncal para el partido.
Se podrían plegar a la intención del Poder Ejecutivo los legisladores que responden a los gobernadores radicales Gustavo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza), de buen vínculo con la Casa Rosada. Lo mismo con la diputada santacruceña Roxana Reyes y el cordobés Luis Picat, que se diferenciaron de su bloque en el rechazo al DNU sobre gastos reservados a la SIDE, avalando la postura del oficialismo.
Sobre estos virajes se pronunció Martín Lousteau, el presidente del Comité Nacional del radicalismo, quien tras el veto presidencial cruzó fuertemente a sus colegas de partido que se mostraron dubitativos frente a cómo posicionarse respecto de la insistencia de la norma sancionada por el Congreso. Ayer por la mañana, en diálogo con Radio Splendid, el senador nacional volvió a remarcar que “la ley de movilidad jubilatoria nació de la mano de la UCR” y advirtió: “En Diputados tuvo dos tercios y en el Senado también. Si no pasa eso ahora tienen que dar explicaciones de por qué cambian el voto”. En una entrevista con LA NACION, Lousteau cuestionó a los dirigentes radicales que, por conveniencia o especulación electoral, resignan las ideas del partido. “Siempre es más cómodo estar cerca del oficialismo que discutir con él”, consideró.
Las diferencias en torno a la recomposición jubilatoria no son las únicas dentro del radicalismo. El partido centenario también exhibe desacuerdos y contradicciones respecto de qué hacer frente a la polémica nominación de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema. A pesar de que muchos de sus referentes, como la senadora santafesina Carolina Losada, ya se expresaron en contra de la candidatura del juez federal, Lousteau todavía no definió su voto. Señaló a este medio que será “una decisión colectiva dentro del partido, con los gobernadores incluidos”.
Los nueve integrantes de Innovación Federal, que responden a los oficialismos de Neuquén, Misiones, Salta y Río Negro, también serán determinantes en esta pulseada. Si bien votaron a favor del proyecto en junio, es probable que cambien su posición para priorizar su buen vínculo con el Gobierno. “Estamos a la espera de lo que digan nuestros gobernadores”, se sinceró un referente de este bloque, donde podría no haber una postura unificada. Cada mandatario provincial mantiene un diálogo por separado con los emisarios de la Casa Rosada.
Una de las opciones que se barajan es ausentarse y evitar tomar partido, algo que jugará a favor de la oposición dado que, a menor cantidad de presentes en el recinto, se requerirán menos voluntades para llegar a los dos tercios.
En Pro, que ayudó con siete ausentes para llegar a los dos tercios en aquella primera discusión, aseguran que esta vez apoyarán la intención del Poder Ejecutivo sin fisuras. Lo mismo podría pasar con los tres tucumanos del bloque Independencia, que responden al aliado peronista de Milei, el gobernador Osvaldo Jaldo.
Si bien se descarta que el miércoles la oposición logre el quorum para abrir el recinto, será difícil que bajo este escenario se reúnan los dos tercios necesarios para doblegar el veto presidencial. “Vamos a estar cerca y el mensaje va a llegar”, reflexionó un referente radical que especula con que el Poder Ejecutivo considere alguno de los puntos de la reforma jubilatoria en el proyecto de Presupuesto 2025. La cantidad de votos para insistir con la ley jubilatoria es la misma que se requiere para impulsar exitosamente el juicio político al Presidente. Muchos especulan con que el fantasma de la destitución encienda las alarmas en la mesa chica de Milei y motoricen medidas para limar las asperezas con el Congreso.