Con la Ley de Bases trabada en el Senado, el oficialismo busca qué cambios aceptar para obtener los votos que le permitan avanzar esta vez con esa iniciativa, tras fracasar en el primer intento a principios de año.
Por ahora no pudo juntar las firmas, por lo que debió postergar para la próxima semana la firma del dictamen de este paquete de reformas y del capítulo fiscal, que tienen la media sanción de Diputados.
La ley de Bases no logró dictamen y el debate en el Senado continúa
El Presidente Javier Milei pretende tener esas leyes aprobadas para el encuentro con los gobernadores para la firma del pacto del 25 de mayo, pero el escenario es cada vez más complicado.
En el Gobierno hacen trascender que no hay diferencias de fondo. «No creo que sea necesario realizar modificaciones y las diferencias se pueden solucionar con la reglamentación», dijo el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
La idea es volver a reunirse el lunes próximo, según los cálculos que hace el presidente de la comisión de Presupuesto, el libertario Ezequiel Atauche.
El próximo miércoles está prevista la visita al Congreso del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para dar su primer informe de gestión de la administración de Milei, donde puede escalar otro foco de conflicto.
Por el paro de la CGT, 33 senadores faltaron a la sesión de este jueves.
Blanqueo de capitales: la UCR y el PRO no están convencidos
En la sesión informativa de este jueves, Lousteau, Pablo Blanco, Guadalupe Tagliaferri y hasta Juan Carlos Romero, de Cambio Federal, cuestionaron los términos del blanqueo de capitales en fuertes términos.
Uno de los puntos cuestionados desde el PRO es que el blanqueo propuesto en la ley es «excesivamente generoso». Critican que sea sin tope y con la condición de que se deje el dinero depositado recién en 2025.
También se cuestiona que la norma posibilita que las personas que blanquearon hace 3 o 6 años vuelvan a hacerlo.
Además se asegura que la norma abriría la puerta para que testaferros blanqueen.
Los libertarios sostienen que se está proponiendo un ordenamiento de los contribuyentes cumpliendo las normativas de prevención del lavado, con control del origen de los fondos.
La reforma laboral pone en alerta a la CGT
Los cambios propuestos por el Gobierno en materia laboral no sólo alteran los nervios de la CGT, que dice que puede dar lugar a abrir una «caja de Pandora», sino que generan interrogantes entre los trabajadores.
Pese a que el Gobierno eliminó decenas de artículos, la acotada reforma laboral preocupa a la CGT.
Es que en los primeros tres meses de gobierno de Milei, la remuneración de los trabajadores registrados del sector privado cayó un 12%, según el Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma.
En el sector público, la caída fue mayor, del 20%.
En los primeros dos meses de la era libertaria, se perdieron unos 40.000 puestos en el sector privado, a los que sumarían otros 10.000 en la construcción. También hubo casi 5.000 despidos en empleadas de casas particulares. Otros 50 mil empleos se perdieron en el Estado.
Se trata de la peor caída desde el 2002, en medio de la crisis que terminó con el Gobierno de Fernando de la Rúa.
En la CGT alertan que los despidos aumentarán también a partir de las 11 privatizaciones que aprobó la Cámara de Diputados y deberán ratificarse el Senado.
Y recuerdan que en los ’90, en el marco de las privatizaciones de Carlos Menem, unas 140 mil personas perdieron su empleo.
Para los gremios, la privatización de 11 empresas prevista provocará cientos de despidos.
Los cuestionamientos del sector sindical a la reforma laboral apuntan, entre otras, a la eliminación de las normas laborales en establecimientos de hasta cinco trabajadores. Advierten que eso haría que los empleados dejen de tener vacaciones pagas, aguinaldo, licencias por maternidad, paternidad o enfermedad, y salario mínimo. Consideran que con esa medida los empleados pasar a ser prestadores de servicios, algo que ya está ocurriendo en la actualidad, aunque no es legal.
Para los gremios, la reforma impulsa también la «tercerización laboral». Dicen que -de aprobarse la norma- habrá empresas que recurran a cadenas interminables de subcontratación, posibilitando figuras como el trabajador independiente, con hasta cinco trabajadores independientes.
Los gremios apuntan, además, contra la eliminación de las multas por la falta de registro de los trabajadores. Es que el proyecto de ley elimina las que agravaban las indemnizaciones por despido en caso de falta de, o deficiente, registro de los trabajadores.
Sostienen que esta medida será un incentivo para mantener a los trabajadores al margen del sistema de seguridad social.
Otro de los puntos centrales en la discusión es el régimen de indemnización. El proyecto permite reemplazar la indemnización por despido por un fondo de cese laboral similar que existe en la industria de la construcción.
Los gremios alertan que a partir de ese cambio las empresas tendrán «costo cero» para despedir gente.
La extensión de los períodos de prueba alerta a los sindicatos, al igual que el fondo de cese laboral que reemplazaría a las indemnizaciones.
La CGT dice que además a ir contra los derechos de los trabajadores, el Gobierno pretende armar un negocio financiero con esos fondos.
Otro punto de cruce muy fuerte es la ampliación del «período de prueba». El proyecto lo amplía de tres a seis meses, con la posibilidad de extenderlo por vía de la negociación colectiva a ocho en el caso de las empresas de entre 6 y 100 trabajadores y hasta 12 meses en el caso de las empresas con menos de cinco trabajadores.
El área legislativa de la CGT sostiene que con esto se busca precarizar aún más la situación laboral de los trabajadores de menor antigüedad.
Con tantos cuestionamientos, y con el peronismo y, sobre todo, el kirchnerismo, aliado con la CGT, la discusión en el Senado promete seguir teniendo un curso muy complicado. Deberá trabajar muchos con sus aliados para ver si consigue los votos suficientes.