ROSARIO.– El Gobierno finalmente tuvo su foto histórica: los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich, flanqueados por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, el procurador general Eduardo Casal, la defensora general Stella Marías Martínez y el presidente de la Casación, Mariano Borinsky. Fue la fiesta que planeó para la puesta en marcha en esta jurisdicción del nuevo Código Procesal Penal Federal.
Sin embargo, los funcionarios judiciales mantuvieron sus reservas. De hecho, ni Rosatti ni Casal estuvieron junto a Bullrich y Cúneo Libarona en la conferencia de prensa luego del acto en la aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.
Quieren ver cómo se empieza a consolidar el funcionamiento de este nuevo mecanismo, donde los jueces dejan de ser los dueños de la pelota y el poder pasa a los fiscales, que son los que investigan y hasta deciden, según el criterio de oportunidad, cuáles causas impulsan y cuáles deciden dejar de lado. Sobre todo en Rosario, jurisdicción donde los homicidios son récord y el narcotráfico ya se convirtió en narcoterrorismo.
“El problema de jurisdicción de Rosario son los jueces federales”, señalan altos funcionarios judiciales que monitorean la puesta en marcha del nuevo Código en esta jurisdicción.
Los que oficiarán como jueces de garantías son Marcelo Bailaque y Carlos Vera Barrios, con denuncias en el Consejo Nacional de la Magistratura por no realizar allanamientos en causas contra Los Monos o el clan de los Alvarado.
Bailaque fue denunciado por no realizar medidas de prueba para investigar al clan Alvarado, finalmente condenado por la justicia provincial y por no allanar una cueva que vendía dólares al narcotráfico.
Vera Barrios quedó bajo lupa. Tras una denuncia penal contra la cerealera Díaz y Forti por no liquidar 680 millones de dólares de exportaciones de granos, revelada por el periodista Germán de los Santos en LA NACION, los directivos, que encabezaba Ariel Olio y asesoraba Cúneo Libarona, admitieron el delito.
Poco después de la renuncia de Cúneo Libarona para asumir como ministro, el juez federal Vera Barros absolvió a Olio y condenó a la cerealera a pagar una multa de 4 millones de dólares. También se le cuestiona no haber allanado el estudio jurídico de la abogada Paula Ríos. Los Tripi, un clan narco, querían ingresar 1.200.000 pesos a una oficina de la Policía Federal, supuestamente alegando que se trataba de honorarios de la abogada. La fiscalía pidió la requisa del estudio de la profesional, excandidata a intendenta de San Lorenzo, y el magistrado lo negó al sostener que no podía interferir en el trabajo de la profesional.
Ambos magistrados federales, Vera Barros y Bailaque, serán jueces de garantía junto con Eduardo Rodrigues da Cruz, que es vocal del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario.
Cuando le preguntaron a Cúneo Libarona sobre Bailaque y Vera Barrios, dijo que no iba a responder porque se trataba del Poder Judicial, otro poder del Estado. “La remoción de los jueces es tarea del Consejo de la Magistratura”, sostuvo el ministro y dijo que, ahora, con la intervención de los fiscales, “se acaban las suspicacias o de lo contrario máxima presión sobre el Consejo de la Magistratura para ir contra el juez que se desempeña mal o comete delitos”.
Rosatti y Casal, hasta última hora del sábado, no habían confirmado si iban a estar presentes en esta ciudad, donde llegaron esta mañana temprano para apoyar a sus funcionarios: los fiscales y los jueces, y los funcionarios y trabajadores del Consejo de la Magistratura que pintaron, levantaron paredes, montaron tecnología, se comprometieron con la actualización edilicia y la construcción de cuatro salas de audiencias con recursos audiovisuales, ya que el expediente de papel desaparece y todo quedará registrado en video.
Finalmente, Rosatti y Casal llegaron y el Gobierno repitió hoy la foto del 19 de marzo en la Casa Rosada, cuando lanzó la implementación de este nuevo Código con una gran mesa de estos funcionarios judiciales, junto a los ministros Bullrich y Cúneo Libarona.
Pero lo mejor pasaba entre el público, con 500 asistentes entre fiscales federales de Santa Fe, de Rosario, pero también de todo el país; jueces de la Cámara de Casación Federal, como Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña o Daniel Petrone; de la Cámara de Casación Nacional, como Luis Niño, y consejeros de la magistratura como Jimena de la Torre, Miguel Piedecasas, Roxana Reyes, Agustina Díaz Cordero y Adriana Provítola. Estaban todos los actores del sistema judicial, comprometidos. El invitado especial fue el exministro de Justicia Germán Garavano, que durante el macrismo inauguró el nuevo Código Procesal penal en Salta y Jujuy.
Fue muy fuerte la presencia de los fiscales en Rosario. Desde la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Nación (Affun), con el fiscal federal de Salta Ricardo Toranzos, y sus colegas de Santiago del Estero, de Bahía Blanca, Corrientes y el fiscal de juicio oral Diego Luciani.
Casal, que llegó junto con Juan Manuel Olima, su mano derecha, mantuvo con los fiscales de la jurisdicción una reunión tempranera para ajustar la puesta en marcha del sistema. Ya tuvo su debut, su “bautismo de fuego”, dijo el Procurador, cuando la fiscal Adriana Saccone tuvo que intervenir con el nuevo Código ante un corte de la avenida de Circunvalación, protagonizado por manifestantes de gremios del transporte.
Casal fue explícito, dijo que la implementación ya está, pero que ahora “empieza la etapa de consolidación”. Y Rosatti se mostró felicitando en el escenario a los ministros por este primer paso, pero aclaró que este era un “punto de partida”, no “un punto de llegada”.
“Con el nuevo Código no se solucionan todos los problemas, pero es un buen punto de partida”. Hace dos años, la Justicia, en un gesto que fue un llamado de atención, se constituyó en pleno en Rosario con todos los jueces de la Corte y los jueces federales, para hacer una foto que sirviera de símbolo de su compromiso con la lucha contra el crimen organizado.
“A dos años estamos mejor, pero hay que ver si dentro de dos años la comunidad rosarina entiende que este sistema sirvió para que las cosas cambien”, dijo el presidente de la Corte, que confesó que entonces no vio decisión política en el Gobierno de Alberto Fernández. Dijo que ahora hay coordinación entre los poderes y que la Justicia está mejor.
El recoleto edificio de la Universidad, que albergó la ceremonia, solo dejó de lado las formas protocolares al finalizar el acto, cuando Bullrich y Cúneo Libarona cruzaron el gran patio interno donde había stands con agrupaciones peronistas del Centro de Estudiantes, como la Rodolfo Ortega Peña y La Cámpora, que los recibieron con gritos contra Javier Milei y canciones con promesas sobre su anhelado regreso al poder.